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Los intereses económicos de la minoría prevalecen sobre la sostenibilidad energética de la humanidad Imprimir E-Mail
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jueves, 30 de mayo de 2013
Torres distribuidoras de energía Modificar las leyes de modo que los propietarios (y accionistas) de aquellas empresas que causen catástrofes ecológicas, asuman el costo económico de repararlas o de indemnizar a los damnificados, conduciría a un auge de las energías limpias en detrimento de las sucias y peligrosas.

Lo dice la sabiduría popular, pero ahora también las conclusiones de una investigación llevada a cabo por especialistas del Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA por sus siglas en inglés) en Austria y el Instituto para la Investigación de Impactos del Clima, en Potsdam, Alemania. El estudio se ha publicado en la revista académica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences, o Actas de la Academia Nacional de Ciencias, de Estados Unidos).

Es fácil considerar que la energía nuclear o los combustibles fósiles son baratos, desde el punto de vista de quienes tienen intereses comerciales en ellos, si siempre se aplica la regla de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas en casos de grandes catástrofes como un accidente nuclear o una marea negra graves.

El estudio saca a la luz lo que se describe como una estructura rígida y firmemente anclada dentro de la economía energética que favorece el uso de combustibles fósiles y energía nuclear a pesar de sus grandes costos medioambientales y sociales.

Los investigadores consideran que esta estructura inmovilista se podría reducir mucho si entrasen en vigor nuevas leyes que obligaran a los dueños y accionistas de empresas a afrontar el costo de los daños que éstas provoquen.

"El sistema energético del mundo actualmente depende en gran medida de los combustibles fósiles y del uranio, y sus emisiones habitualmente causan daños al medio ambiente en forma de contaminación, mareas negras o fugas nucleares", expresa Jerome Dangerman, del equipo de investigación, y académico del IIASA. Pero mientras que las empresas pueden ser penalizadas por daños al medio ambiente causados por ellas, no suele suceder lo mismo con sus propietarios. Los accionistas no afrontan cargos de esta clase, por lo que pueden hacer inversiones con un riesgo económico más bajo que si tuvieran que afrontar los costos de los desastres medioambientales derivados de la actividad comercial de la empresa.

En su informe, el equipo de investigación examina las transiciones históricas del sistema energético, analizando los factores que llevaron a las transiciones anteriores en el uso de la energía, por ejemplo de la madera al carbón, y luego del carbón al petróleo. Los investigadores argumentan que la década de 1970 representa un período de tiempo en el que pudo iniciarse una nueva transición a gran escala hacia las energías renovables, gracias a la revolución tecnológica que por entonces se iniciaba en ese campo. Sin embargo, el sistema global ha permanecido "congelado" desde entonces, manteniendo a los combustibles fósiles y nucleares como las principales fuentes de energía.

Dangerman y Hans Joachim Schellnhuber, Director del Instituto para la Investigación de Impactos del Clima, han explorado las razones de la rigidez en el sistema energético actual. Fuertes inversiones en el campo de los combustibles fósiles han dejado grandes ganancias a los accionistas, lo que a su vez conduce a mayores inversiones en aquello que ha demostrado ser muy rentable. Se trata por lo tanto de un círculo vicioso. Mientras se cumpla el objetivo principal, que los inversores obtengan ganancias económicas, no parece que el sistema vaya a cambiar por sí mismo.

Factores como una mayor financiación estatal a las energías convencionales refuerzan aún más ese inmovilismo. El reparto de subvenciones estatales es claro: En el período 2007-2010, 496.000 millones de dólares fueron destinados a la energía convencional, excluyendo la nuclear, mientras que sólo 61.000 millones de dólares se destinaron a las energías alternativas.

Los balances de beneficios y pérdidas en el mercado de las energías fósiles y el de la nuclear no van acompañadas de cálculos sobre costos económicos por daños medioambientales y los perjuicios económicos "colaterales" derivados de estos, de modo que los accionistas sienten poco interés en estos factores. A fin de cambiar el sistema, según argumenta Schellnhuber, algo debe truncar ese círculo vicioso. Los autores del estudio creen que un buen modo de cambiar este sistema es promover alguna forma de realimentación negativa: Terminar con la actual ausencia de responsabilidad de los accionistas y hacer que sean ellos, y no el estado con el dinero público, quienes paguen por los daños que sus empresas causan.

Dangerman cita a modo de ejemplo, la explosión de la plataforma petrolera DeepWater Horizon: "Si los accionistas tuvieran la responsabilidad legal, la próxima vez considerarían el riesgo medioambiental antes de invertir, o forzarían a los directivos de la empresa a cambiar el rumbo de los negocios hacia opciones menos peligrosas para el medio ambiente”.

El estudio se basa en cuarenta años de investigaciones sobre energía y tecnología en el IIASA. Los científicos del IIASA han sido pioneros en analizar cómo ciertas tecnologías, que son dominantes debido a los beneficios económicos que proporcionan a un sector determinado, actúan de barrera contra el progreso tecnológico en otros sectores que son competidores comerciales potenciales y por tanto rivales a quienes se procura impedir que entren en el mercado. Este bloqueo lleva mucho tiempo dificultando la transformación tecnológica de la humanidad hacia un modelo energético sostenible, tal como argumenta el profesor Nebojsa Nakicenovic, vicedirector del IIASA.

El IIASA es un instituto internacional financiado por instituciones científicas de África, América, Asia, Oceanía y Europa.

Fuente: NC&T

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