La Empresa Nacional de Celulosas Españolas (ENCE), una de las dos papeleras que pretenden instalarse en Uruguay levantando protestas en Argentina por los posibles daños ambientales, fue condenada en España por "delito ecológico continuado".

DyN supo hoy de fuentes españolas que en 2002 la Audiencia Provincial de Galicia, juzgó a los directivos de ENCE y a los miembros de la comisión sindical de la compañía -todos los cuáles tenían pedido de prisión por la querella- y finalmente les propinó una condena sin pena de encierro. La fábrica de ENCE está instalada desde 1957 en la ría de Pontevedra, una de las provincias gallegas, y según estableció la Justicia española ha contaminado las aguas marinas y el aire con distintos vertidos industriales y emanaciones tóxicas para la fauna y la flora.

Por eso el proyecto de ENCE es quitar parte de su industria de la ría de Pontevedra y trasladarla al pueblo uruguayo de Fray Bentos, ya que además debe desmantelar las instalaciones antes de 2018 por imperativo de la española Ley de Costas aprobada en 1988 por las Cortes, en Madrid.

De cara a esa relocalización, en 2002 ENCE suscribió un acuerdo de inversión con el Gobierno uruguayo, cuyo titular ahora es el presidente socialdemócrata Tabaré Vázquez, quien defiende las obras con el argumento de que es la mayor inversión extranjera en la Historia del país y que dará trabajo de forma directa e indirecta a miles de fraybentinos.

Pero el Gobierno argentino y, especialmente, el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y los vecinos de Gualeguaychú -la zona que podría resultar más afectada- vienen oponiéndose a la implantación de la factoría de ENCE y otra de la finlandesa FOTNIA.

Incluso el gobernador entrerriano, Jorge Busti, anunció que presentaría "una denuncia ante la comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos en defensa de la vida, la salud y en rechazo a la alteración del ecosistema".

Mientras que el conjunto de los vecinos convocados en la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú dijeron que presentarán un recurso de amparo ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Ayer grupos ecologistas y de vecinos cortaron la ruta nacional 136 que finaliza en el puente internacional General San Martín, que une la ciudad entrerriana de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos, provocando fuertes atascamientos de vehículos. El viernes pasado, los cancilleres argentino y uruguayo, Rafael Bielsa y Rolando Gargano acordaron una tregua en el conflicto y reimpulsaran una comisión binacional de especialistas en impacto ambiental. Ya el pasado mes de mayo, Vázquez y el presidente Néstor Kirchner, se comprometieron a lo mismo y la comisión nunca funcionó.

En Uruguay, el fiscal Enrique Viana ha puesto en marcha una denuncia penal contra el ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, acusándole de ocultar información sobre el impacto ecológico que acarrearía la implantación de la industria de celulosa en el entorno.