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historia de Bolivia es, en gran parte, la historia de la minería. La
fundación y el desarrollo de las principales ciudades del occidente del
país, Potosí, Oruro, Sucre, La Paz y Cochabamba, tienen relación con el
carácter minero de esta región. Con el descubrimiento del Cerro Rico se
inició el desarrollo de la minería en Bolivia.
El 29 de agosto del 2005 se cumplirán 20 años de la promulgación del
Decreto Supremo 21060, la piedra angular de las políticas neoliberales
de ajuste estructural que acabaron con la minería estatal. Con la
llamada “relocalización”, que fue el despido masivo de miles de mineros
de sus fuentes de trabajo y la migración de éstos y sus familias a
otros centros poblacionales y ciudades, con la esperanza de encontrar
una nueva vida.
Si bien el desmoronamiento del débil aparato estatal comenzó con el
21060, el gobierno de Sanchez de Lozada, desde el 6 de agosto de
1993, precipitó al país por un abismo del que no puede salir. Sanchez
de Lozada licitó todas las pertenencias de COMIBOL entregando
concesiones a perpetuidad a privados, incluyendo a su propia empresa y
estableciendo las condiciones legales y estructurales para
favorecerlas. Ejemplo de ello, apenas iniciada su presidencia, intentó
concretar la construcción del gasoducto Tarija – Tocopilla, con la
finalidad de impulsar el desarrollo de la minería chilena, en los
yacimientos de la estatal Chuquicamata y la privada "La Escondida",
cuyos principales accionistas son la australiana Broken Hill Propietary
(BHP), la inglesa Río Tinto Zinc (RTZ), que tiene el 33% de las
acciones de COMSUR, además de la japonesa Mitsubitshi y la
Internacional Financial Corporation (IFC), brazo financiero del Banco
Mundial. El proyecto de gasoducto fue vetado, en ese momento, por
oposición de las Fuerzas Armadas.
A partir de entonces, las políticas de fomento a la minería han dictado
leyes y normas para facilitar las actividades de exploración y
explotación, reglamentos para facilitar las operaciones de las empresas
y un régimen especial de beneficios tributarios aún más negativo para
los intereses del país que la abrogada Ley de Hidrocarburos. En otras
palabras la actividad minera cuenta con un marco operativo del cual no
disponen otras actividades productivas en el país, incluso los derechos
mineros se sobreponen a todos los otros derechos. Así, el Código Minero
establece el derecho del concesionario a la servidumbre y expropiación
de la tierra, del agua y de los recursos forestales que se encuentran
en el área de concesión o que sean necesarios para la actividad minera,
sean ellos públicos o privados y la prescripción de las acciones por
daños al medio ambiente, originados en actividades mineras, afectando
de esta manera otras actividades económicas como la producción agrícola
y pecuaria.
Por todo ello, y a pesar de que la actividad minera ha sido la
principal actividad económica durante años, los departamentos
tradicionalmente mineros como Potosí y Oruro, son actualmente los más
pobres del país. Cada crisis minera, determinada por la caída de los
precios internacionales, la sustitución de la demanda de minerales, la
manipulación de precios a través de las reservas de los países como
Estados Unidos, sumado a los beneficios que ha otorgado el Estado
a los empresas mineras, han afectado a un país monoproductor como
Bolivia, provocando a su vez profundas crisis económicas cuyo peso ha
sido recargado fundamentalmente en el trabajador minero. Por este
motivo, hoy los pobladores de los departamentos mineros buscan otras
alternativas en el turismo, la producción ecológica, de tejidos y
artesanías aprovechando el potencial natural, cultural e histórico de
sus ricas regiones. Así tenemos que los mayores departamentos
productores de minerales, Potosí y Oruro, son también los principales
productores de un producto estrella, en creciente demanda internacional
como es la quinua, así como de lana y carne de camélidos y tejidos
nativos. Paralelamente, estos departamentos albergan las áreas
protegidas más visitadas de Bolivia: la Reserva Eduardo Abaroa y el
Parque Nacional Sajama, donde actualmente funcionan proyectos
comunitarios de ecoturismo que benefician a las empresas comunitarias
que los gestionan.
Por otro lado, la actividad minera de gran escala no genera
prácticamente empleo. Así, el año 2000 la actividad minera empresarial
ocupó apenas el 1.44% de la población económicamente activa. Otra es la
situación de las cooperativas mineras, que agrupan a cientos de
trabajadores organizados luego de la relocalización de los trabajadores
mineros con el D. S. 21060, los que, a pesar de haber migrado y al no
poder encontrar otras actividades productivas tuvieron que retornar a
sus poblaciones de origen para dedicarse a la extracción de minerales,
a partir de colas y desmontes, para entregarlos a empresas
comercializadoras o a las empresas mineras, pero bajo condiciones de
trabajo muy diferentes a las de la minería estatal, sin un mínimo de
seguridad en el trabajo, expuestos a situaciones de contaminación que
están imposibilitados de mitigar por los bajos precios que reciben por
el mineral y por no tener algún tipo de seguridad en el trabajo y menos
seguridad social, sometidos al precio que le pague su comprador.
Estos aspectos son importantes a la hora de evaluar un proyecto minero,
más allá del movimiento de capitales y la inversión generada, ya que la
minería y especialmente la de grandes inversiones, no se engancha al
desarrollo local/regional, entre otras razones, porque las empresas
mineras concentran sus compras fuera del departamento, por lo que su
incidencia en las economías rurales es prácticamente nula.
Por este motivo cobran vital importancia las tareas de acceso y
socialización de información que cumplen instituciones como el
Centro de Ecología y Pueblos Andinos CEPA y el Foro Boliviano Orureño
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, comprometidas con las comunidades
locales, con la región y con el país.
Y es más importante esta tarea, cuando a partir del anuncio de
ejecución de un proyecto minero se generan expectativas de desarrollo
local y regional al punto de que las regiones más pobres llegan a
considerar que el proyecto minero será la tabla de salvación de su
departamento. Para lograr esto se divulgan elevados montos de inversión
y enormes posibilidades de generación de empleo e inclusive se habla de
compensaciones en forma de proyectos y/o dinero efectivo. Estas
expectativas generadas en la población, son parte de estrategias de
comunicación destinadas a lograr el apoyo al proyecto minero y salvar
las inevitables preocupaciones que son producidas por el conocimiento
sobre el impacto ambiental negativo y los consecuentes conflictos
ambientales que la minería ha generado y que sigue generando en el país
y en el mundo.
Los temores que los pobladores tienen frente a la llegada de un nuevo
proyecto minero plantean la necesidad de documentación que normalmente
no es proporcionada por la empresa, la que únicamente ofrece propaganda
del proyecto y no información oportuna y responsable. Asimismo, la
legislación ambiental plantea la regulación de las acciones humanas en
relación a la naturaleza, la promoción del desarrollo sostenible para
mejorar la calidad de vida de la población, de lo que deriva la
necesidad de impulsar el ejercicio de los derechos ciudadanos, entre
ellos derechos ambientales, que todo poblador del país posee en virtud
de la Constitución Política del Estado y la normativa jurídica vigente.
Entendemos que la polarización de las opiniones es, por todo lo
anotado, un proceso inevitable, generado por la desinformación y
propaganda por parte de la gran minería privada irresponsable y por
otro lado, por los esfuerzos de los afectados y las escasas
instituciones que se atreven a enfrentar con responsabilidad toda la
parafernalia del despliegue de recursos y ofertas económicas y también
del ataque personal sin mayor ética que la del lucro a costa del país.
En este sentido nuestro respaldo público a quienes presiden y trabajan
en el Centro de Ecología y Pueblos Andinos y a quienes forman
parte del Foro Orureño de Medio Ambiente y Desarrollo, por su
inacabable voluntad de trabajo por la recuperación de nuestros recursos
naturales y por la construcción de un país verdaderamente sustentable.
Fuente: Fomobade
Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo
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Responsabilidad y compromiso ambiental Escrito por Invitado el 2005-07-24 15:19:10 La historia de la minería en todo el planeta ha conllevado la esquilmación de los recursos de los pueblos con riqueza, convirtiéndoles en pobres. Las multinacionales se apropian de sus bienes a cambio de unos puestos de trabajo que son "mano de obra barata", con el consentimiento de sus gobernantes. Un ejemplo es en Huelva, provincia de Andalucía (España), en donde las compañías inglesas exquilmaron durante mas de un siglo la riqueza de las minas dejando sólo contaminación y miseria. Benito A. de la Morena (España) | |