La Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) que nuclea a 78 ONGs de todo el país, advirtió “sobre los riesgos de la explotación indiscriminada de nuestros recursos pesqueros que realizan buques factorías de origen extranjero”.

La RENACE manifestó ”su profunda preocupación por el ingreso de buques factoría extranjeros de pesca de especies no excedentarias, bajo bandera y jurisdicción argentina, que afectan el equilibrio socio ambiental de las pesquerías”.

También rechaza “la privatización de los derechos de captura de recursos patrimoniales argentinos” y presiona “para que sea el Estado el administrador último”. Además la RENACE denuncia “la falta de mecanismos de consulta institucionalizados en materia de políticas pesqueras”.

El duro cuestionamiento está contenido en la Resolución Nº 8/03 que aprobó la Asamblea 26 de la RENACE, y que se desarrolló en la localidad de Vaquerías, Córdoba. Al encuentro asistieron 78 organizaciones ambientalitas no gubernamentales de 18 provincias del país quienes analizaron y buscaron soluciones para los problemas ambientales más graves de Argentina.

Ernesto Godelman de la organización ambientalista CEDEPESCA (Centro en Defensa de la Pesca Nacional) de Mar del Plata, indicó que “existen dos zonas marítimas bien diferenciadas. Una que se extiende desde la costa hasta la milla 12, que es jurisdicción provincial, y la otra que se extiende desde la milla 12 hasta la 200. Es la zona económica exclusiva, de jurisdicción nacional. Esta parte oceánica con todos los recursos vivos y no vivos que existen son un bien común de todos los argentinos. Lo que pasa es que como es de jurisdicción nacional, las provincias con litoral marítimo a veces abandonan el interés por la administración de estos recursos”. Godelman advirtió que esto “es peligroso para la supervivencia de nuestros recursos pesqueros” e instó a todos los argentinos “a interesarse por la problemática pesquera”. El ambientalista explicó que “tenemos un capital natural muy rico que nos pertenece a todos y por eso tenemos la responsabilidad de protegerlos y de interesarnos sobre la administración de dichos recursos”.

La actual Ley de Pesca 24.922 tiende a consolidar jurídicamente los derechos de los competidores pesqueros extranjeros en territorio de jurisdicción nacional. Por ello esta ley requiere una reforma, “porque es necesario la presencia de un Estado regulador, porque el mercado no está en condiciones de asignar eficientemente todos los recursos”, sostuvo Godelman. “La normativa permite la asignación de una cuota individual de captura a cada buque y la posibilidad de que esa cuota sea comercializada libremente, creando un mercado libre de cuotas. El ingreso de una gran flota europea, a través de la compra y venta de estas cuotas facilitó a la concentración, la adquisición de cuotas y el control de la actividad pesquera por parte de países extranjeros. El proceso de concentración está muy relacionado con el proceso de ingreso de los excedentes de flota europea en aguas argentinas. La presencia de buques factorías extranjeros operando en nuestro país bajo nuestra bandera, rompió el equilibrio entre capacidad de captura y capacidad biológica de los recursos de reproducirse y de autosustentarse”, explicó el experto.

Godelman también señaló la existencia de una práctica bastante perversa en nuestro país que es el descarte de pescado. “Cuando el acompañante de otra especie tiene un valor comercial mucho más elevado o su tamaño no es comercialmente rentable, la otra especie se arroja al agua. Muchas veces los buques van a buscar merluza, capturan mucho pescado chico y lo tiran al agua. En el Golfo San Jorge, el langostino es una especie que vale unas cinco veces más que la merluza, entonces cuando se pesca el langostino la merluza que la acompaña se tira al agua. Además se fueron fomentado las especies carroñeras de fondo y han ido desplazando a otras especies bentónicas producto de la caída de pescado muerto desde la superficie”.

Ernesto Godelman advirtió que “se están arrojando al agua entre 30 y 100 mil toneladas anuales de merluza” y enfatizó que esto “es inaceptable desde el punto de vista del derecho a la alimentación”.