Empalme Villa Constitución. - La jueza Sylvia Suárez hizo lugar a una medida cautelar requerida por vecinos de esta localidad y ordenó a la comuna local y a la provincia de Santa Fe "suspender los efectos de los actos y decisiones administrativas por los cuales se autorizó la habilitación y funcionamiento" de la planta procesadora de residuos patológicos que la firma Ecology System SA explota sobre la ruta 90, en jurisdicción de Empalme Villa Constitución.

La comuna informó ayer a la magistrada su acatamiento a la resolución judicial. La medida, una vez cumplimentados los plazos legales que se otorgan a las partes, podría desembocar en una eventual clausura de la planta que, pese a reiteradas protestas, funciona desde hace nueve años.

Esta posibilidad está abonada por dos situaciones concretas: el nuevo presidente comunal, Ricardo Crocco -que asume su cargo este mediodía-, siempre se manifestó como un fuerte defensor de la ecología y, por otra parte, el flamante asesor legal de la comuna, el abogado Pablo Rangel, fue quien patrocinó la demanda de los vecinos empalmeños.

La acción de los demandantes, enmarcada en la ley 10.000 (de intereses difusos), se centró en una supuesta falta de controles por parte de las autoridades competentes y en la presunta contaminación provocada al medio ambiente por la incineración de residuos, situación reiteradamente denunciada por distintas organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace y el Centro Ecologista Renacer de Villa Constitución.

Por su parte, el presidente comunal Roberto Oscar González resolvió que "se proceda a suspender los efectos de los actos o decisiones administrativas por los cuales se autorizó la habilitación y el funcionamiento" de la planta de Ecology System, decisión que fue comunicada a la magistrada y a la empresa. Sin embargo, el gobierno comunal aclaró que tal resolución fue adoptada "sin perjuicio de los argumentos esgrimidos en defensa del proceder comunal al evacuar el informe circunstanciado y contestar el recurso deducido dentro del expediente judicial".

En efecto, la comuna presentó ante el juzgado interviniente un informe que contiene más de siete mil fojas de documentación relacionada a los controles y otros trámites efectuados en relación al funcionamiento de la cuestionada planta procesadora de residuos patológicos.

Hace poco más de un mes, Greenpeace denunció que el 82 por ciento de los hospitales municipales porteños queman sus residuos en al menos cuatro plantas incineradoras del Gran Buenos Aires y en la empresa Ecology System, instalada en la zona rural de esta localidad.

La organización ecologista internacional aseguró que a nivel mundial "está aceptado que la incineración de residuos emite al medio ambiente sustancias cancerígenas, como las dioxinas", y sostuvo que estas tareas deberían realizarse en plantas que cuenten con métodos de tratamiento aceptados como no contaminantes, tales como radioondas o autoclave.