La organización ecologista Greenpeace denunció a hospitales de la Capital Federal por incinerar sus residuos patogénicos en el Gran Buenos Aires y provocar efectos cancerígenos. "El 82 por ciento de los hospitales municipales porteños queman sus residuos en plantas incineradoras, sobre todo en Tri-Eco, de Dock Sud; en la planta Soma, en el Tigre, y en Hábitat Ecológico, Lanús, denunció la bióloga Verónica Odriozola, coordinadora de la campaña organizada por Greenpeace.

La denuncia fue acompañada ayer por una inusual protesta en la plazoleta del Obelisco. Cuarenta activistas de Greenpeace montaron una escenografía en la que aparecían corno enfermos afectados por las emisiones procedentes de la incineración de residuos hospitalarios. Bajo un cartel con un rostro cubierto por una máscara de gas y la leyenda "Incinerar nos enferma de cáncer", de gran impacto visual, integrantes de Greenpeace se acercaban a la gente para explicar los motivos de la campaña. La bióloga resaltó que "esos procesos han sido reconocidos a nivel internacional como peligrosas fuentes de emisión de sustancias cancerígenas al ambiente".

Al respecto, la comisión de Salud de la Legislatura porteña tiene en estudio un proyecto para prohibir la incineración de patogénicos y además prohibir al Ejecutivo porteño contratar incineradores para sus residuos aunque sea en otra jurisdicción.

Autoridades del Programa de Gestión de Residuos de Hospitales coincidieron con la posición de la organización ecologista. "La incineración es una tecnología que se va abandonando porque por ejemplo el PVC de las jeringas al ser quemado emite a la atmósfera dioxinas y furanos, dos elementos de alta toxicidad", dijo la coordinadora del programa, Silvia Ferrer.

Empalme Villa Constitución. - La organización ecologista Greenpeace denunció que el 82 por ciento de los hospitales municipales porte ños queman sus residuos patológicos en al menos cuatro plantas incineradoras del Gran Buenos Aires y en la empresa Ecologic System, instalada en la zona rural de esta localidad.

Precisamente, esta última ha sido severamente cuestionada desde el momento de su intalación, hace unos nueve años, y aunque existe un juicio encarado cuatro años atrás por el Centro Ecologista Renacer, en la actualidad funciona sin mayores contratiempos.

En tanto esto ocurre, esta zona del sur santafesino va camino a convertirse en un polo de la actividad relacionada con los desechos a gran escala. Por un lado, la planta de tratamiento de residuos hospitalarios mediante el sistema de radioondas construida a un costo de 10 millones de pesos por la firma Termogénesis en Theobald todavía aguarda un dictamen de la Cámara de Apelaciones de Rosario para funcionar.

Por el otro, el intendente de Villa Constitución, Horacio Vaquié, se mostró partidario de dar vía libre a la probable instalación de un horno de tratamiento de residuos domésticos e industriales en su jurisdicción. El proyecto -rechazado de plano por el Centro Ecologista Renacer por la alta contaminación que produciría- fue presentado por la empresa Royal Logistic, que prometió una inversión de 8 millones de pesos y la generación de unos 80 puestos laborales.

"El 82 por ciento de los hospitales municipales porteños queman sus residuos en plantas incineradoras, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en otra planta en Santa Fe, Ecologic System", denunció la bióloga Verónica Odriozola, coordinadora de la campaña organizada por Greenpeace para difundir los efectos cancerígenos producidos por las emanaciones de dioxinas que provocan los hornos.

Greenpeace aseguró que a nivel mundial "está aceptado que la incineración de residuos emite al ambiente sustancias cancerígenas como las dioxinas", al tiempo que sostuvo que estas tareas deberían realizarse en plantas que cuenten con métodos de tratamiento no contaminantes, corno radioondas o autoclave.

Las quejas comunitarias y de grupos ecologistas contra las actividades desplegadas en la planta de la ex Cineres (desde hace un par de años adquirida por Ecologic System, empresa que acondicionó y modernizó sus instalaciones) comenzaron en el mismo momento de su pretendida instalación dentro del casco urbano de Empalme Villa Constitución, en el año 1992.
La resistencia popular involucró en esa oportunidad a todos los sectores de la comunidad y provocó la intervención de la Dirección de Saneamiento Ambiental y Ecología de la provincia. Las quejas lograron que la planta, que ya estaba a punto de comenzar a funcionar a 150 metros de una escuela secundaria, fuera trasladada a la zona rural de la localidad, aunque a siete kilómetros de la población.

Desde ese momento, el Centro Ecologista Renacer de Villa Constitución encabezó los continuos reclamos populares que incluyeron, entre otras medidas, una manifestación en las puertas de la planta, en enero del 95. La movilización contó con el apoyo de importantes organizaciones, como Greenpeace, preocupadas por los altísimos índices de contaminación que generan estos hornos, cuyo principal desprendimiento está compuesto mayoritariamente por la letal dioxina.