En el marco de su nuevo proyecto de ley de ministerios, el Gobierno deberá decidir en estos días el grado de importancia que habrá de asignar al área ambiental. No se trata de un tema de menor cuantía. Los problemas ambientales se han instalado en la agenda internacional, con razón, desde hace más de una década.

Los impactos del cambio climático global –sufrido por nuestro país en aspectos tan diversos como el avance del dengue o la alteración de la biodiversidad–, así como la necesidad de controlar y reducir la agresión con que contaminamos nuestras fuentes de agua dulce, nuestros suelos y hasta el aire que respiramos, requieren de una planificación que ofrezca modelos regionales de desarrollo sostenible. Debe existir, por lo tanto, un área del gobierno federal dedicada a la política ambiental que tenga llegada directa al gabinete de ministros y que evite continuar con la actual dispersión de responsabilidades en temas como el manejo de las cuencas hídricas, los bosques nativos, las plantaciones forestales con especies exóticas, los parques nacionales o el control de contaminantes.

Un área ambiental en el gabinete no tiene por qué ser burocrática ni demasiado grande. Debe promover, entre otros objetivos, la reglamentación del artículo 41 de la Constitución Nacional, conocido como “cláusula ambiental”, con el fin de proteger el derecho de los ciudadanos a un entorno sano.

La Red de ONG para el Desarrollo Sustentable –en la que participan, entre otras, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Fundación Vida Silvestre Argentina, Greenpeace y la Fundación Ciudad– viene señalando en diversos foros la importancia de que el gobierno federal se ocupe de estos temas. Se trata de problemas que no pueden ser resueltos aisladamente por las provincias: la mayoría de ellas carece de capacidad y recursos para afrontar tales responsabilidades.

"En segundo lugar, y esto es lo más grave, el acuerdo institucionaliza, por primera vez, el reprocesamiento de combustible nuclear gastado procedente de otros países", concluye.