Denuncian la
sobreexplotacion de un recurso que
genera divisas por us$ 800 millones
al año. Lo afirma un informe
de la Auditoría General de
la Nación. Advierte sobre el
"descontrol" en los recursos
que invierte el Estado para fiscalizar
la actividad. Se analizó el
período 1998-2001.
La Auditoría General de la
Nación (AGN) elevó al
Congreso un informe en el que denuncia
una grave situación del sector
pesquero. Entre otros aspectos, habla
de una sobreexplotación que
puede llevar al colapso a uno de los
principales recursos naturales de
la Argentina. También advierte
sobre el descontrol en los recursos
que invierte el Estado.
"La situación es alarmante
y exige actuar con rapidez para asegurar
la sustentabilidad del recurso, antes
de que se consume un verdadero colapso
ecológico", dijo el presidente
del organismo de control, el radical
Leandro Despouy. La pesca representa
ingresos de unos 800 millones de dólares
anuales por exportaciones.
El informe analiza la tarea realizada
en cuanto a la regulación de
la actividad pesquera entre marzo
de 1998 y junio de 2001 y señala
que la Dirección Nacional de
Pesca y Agricultura no cumple las
funciones que le corresponden en cuanto
a regulación y control.
Entre los principales puntos que
denuncia la Auditoría figura
la "notoria ausencia de mecanismos
adecuados o de inspección,
control y sanción de las irregularidades".
Se señala que el Area Sumarios
de la Dirección Nacional de
Pesca tiene 4 abogados, 4 administrativos
y el jefe de área para dar
curso a un total de 2.354 expedientes.
Y se agrega que, como consecuencia,
muchos sumarios fueron abiertos luego
de más tres años de
descubierta una supuesta irregularidad
y que la resolución a veces
demoró 8 años.
Tampoco existe un registro de reincidencias
que permita administrar sanciones
graduales, de conformidad a la gravedad
del incumplimiento. También
se llama la atención sobre
las inspecciones que realizan a bordo.
Se señala que la mayoría
de los inspectores son aportados por
el Sindicato de Obreros Marítimos
Unidos (SOMU) y que cobran 60 pesos
por jornada de embarque, en viajes
que suelen durar entre 20 y 25 días,
en los cuales se pescan recursos por
sumas muy importantes. Estos elementos
conspirarían contra la independencia
de los inspectores.
"A raíz de la falta de
una fiscalización adecuada,
el tonelaje real capturado generalmente
es mayor al que efectivamente se declara,
siendo sumamente difícil hacer
una estimación aproximada de
la carga excedente o carga no declarada",
se señala en el dictamen.
En cuanto a la sobreexplotación
del recurso, se apunta contra la Dirección
Nacional de Pesca, por "la notoria
insuficiencia de las medidas adoptadas
hasta el presente para evitar la sobreexplotación
del recurso y permitir su recuperación".
El acento se pone sobre la situación
de la merluza, que hacia fines de
los años 80 era ampliamente
dominante en cuanto a todas las especies
pescadas. En esa época se acercaba
a las 300 mil toneladas por año.
De acuerdo al dictamen, aquella cifra
fue duplicada en 1995 y 1997 y se
produjo un colapso que derivó
en la disminución del volumen
de capturas autorizado. Sin embargo,
el dictamen afirma que en 1999, cuando
se permitió la pesca de 110
mil toneladas, la cifra fue superada
en un 185 por ciento. Y que la tendencia
a la sobrecaptura se ha mantenido
también durante los dos años
posteriores.
Existen "signos visibles de
que nos encontramos por debajo del
umbral biológico de la merluza,
a partir del cual la reproducción
de la especie se ve amenazada".
"Todo ello repercute negativamente
en la actividad económica pesquera
y en los sectores sociales vinculados
a ella en nuestro país, como
también en la preservación
y conservación del medio ambiente",
concluye el dictamen, que ahora deberá
ser analizado por los legisladores.
17 de agosto de 2002
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