La "venta de servicios ambientales" se ha convertido en el nuevo paraguas conceptual para justificar la mercantilización y privatización de servicios y recursos básicos, socavando valores culturales y éticos, principalmente entre las comunidades indígenas y campesinas.

Dentro de este concepto se engloban, entre otros, la venta del uso de los bosques como "sumideros de carbono", el uso de las cuencas hídricas, la venta de servicios de la biodiversidad, incluyendo la biopiratería y el ecoturismo.

El concepto "servicios ambientales" se basa, deformándolo, en el reconocimiento que propone la economía ecológica de los desequilibrios que ha creado la sociedad capitalista por la destrucción ambiental y el abuso de los recursos naturales con la consiguiente erosión cultural. Este origen ha llevado a muchas organizaciones y comunidades a caer en esta nueva trampa de mercado. Otras lo han visto como fuente de recursos. Estas últimas, muchas veces asociadas con las trasnacionales más contaminantes, como las petroleras y las de automóviles, que desde los inicios de esta nueva modalidad de comercializar la biodiversidad vislumbraron la oportunidad de justificar la contaminación haciendo al mismo tiempo un jugoso negocio. Esta visión transforma los bosques, las cabezas de cuencas, los cauces de los ríos, los mantos freáticos, los recursos genéticos y los conocimientos indígenas y la belleza de un paisaje en "capital" y mercancías redituables que pueden ser comerciadas por quien se atribuya su propiedad y tenga dinero para comprarlas.

Por ejemplo, en el caso del uso de bosques como "sumideros de carbono" se han promovido -en general con subsidios públicos- las plantaciones de especies de rápido crecimiento como eucaliptos y pinos, que tienen alto grado de impacto ambiental negativo, no pueden ser consideradas "bosques" y ni siquiera cumplen con su papel de "sumideros" luego del periodo de crecimiento inicial. Pero aun con el uso de otras especies o de bosques existentes se establece una relación mercantil que en lugar de resolver las causas de la contaminación -por ejemplo las emisiones excesivas de dióxido de carbono del hemisferio norte, que provocan el calentamiento global- ofrecen a los contaminadores la opción de pagar para continuar contaminando. Les sale barato y no faltan quienes, como Mitsubishi, han visto en este "mercado de carbono" una oportunidad de especulación: compran estos "derechos de emisión" a bajo precio en el sur para luego revenderlos a precios mayores en el norte.

También las empresas biotecnológicas y farmacéuticas están felices de que con algún mínimo pago sus actividades de biopiratería y privatización de recursos colectivos no sólo queden justificadas, sino que haya organizaciones no gubernamentales y gobiernos que les hagan el trabajo sucio de promover el uso de patentes sobre seres vivos y conocimientos indígenas porque así se pueden contabilizar y "repartir los beneficios" de la venta de la biodiversidad.

Siendo este esquema de pago de servicios ambientales un mercado potencial importante, fue financiado tempranamente por instituciones como el Banco Mundial para promover su uso, pero ahora ha sido incorporado a las negociaciones de los tratados de libre comercio, desde la OMC hasta el ALCA y el TLC EU-Centroamérica, donde se propone facilitar y eliminar los impedimentos para que el comercio de servicios ambientales pueda florecer sin trabas.

Uno de los aspectos más perversos de este nuevo mercado es que en lugar de reconocer los derechos colectivos integrales culturales, económicos, sociales y políticos de los actores de la biodiversidad -pueblos indígenas, campesinos, comunidades pesqueras y otras que por milenios han conservado y aumentado la biodiversidad-, los transforman en mercaderes de los recursos y conocimientos, con el agregado de que en un mercado competitivo no todos podrán participar. Se crean así nuevas fuentes de conflictos dentro y entre las comunidades, para ver quiénes llegarán primero a vender a su nombre los recursos colectivos. Al comienzo los pagos por servicios ambientales son a menudo otorgados como "subsidios" para un supuesto esquema de "manejo sustentable". Cuando estos subsidios se terminan y las comunidades no pueden seguir con determinadas actividades planteadas, de pronto se transforman en depredadores y alguna empresa "tiene" que hacerse cargo de sus recursos en nombre de la "sustentabilidad".

Esta lógica se describe bien en el Informe sobre pago por servicios ambientales en México, coordinado por John Burnstein (enero 2002), donde se aclara que "el Pago por Servicios Ambientales (PSA) describe la estrategia de una clase emergente de proyectos de desarrollo sustentable que encuentran su sentido en la valoración económica de los recursos naturales y la biodiversidad. El PSA representa una síntesis del ambientalismo con el liberalismo (y su empoderamiento de mecanismos del mercado)." Abunda: "trabajar con pequeños productores probablemente implique costos de transacción más altos que, por ejemplo, el mismo servicio ambiental ofrecido por un gran terrateniente".

Silvia Ribeiro es investigadora del Grupo ETC