Mendoza.- La Red Nacional de Acción Ecologista (Renace) le reclamó a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que priorice los trabajos de tratamiento y remediación de las áreas con residuos de uranio, como es el caso de Malargüe, y destacó la aparente política contradictoria del organismo de la actividad nuclear al "promover el procesamiento de residuos radiactivos de otros países en el nuestro, cuando todavía no ha solucionado qué hacer con los propios".

En una carta abierta a la CNEA, la agrupación ecologista, conformada por 78 organizaciones no gubernamentales de 17 provincias, criticó la presión que el organismo estatal estaría efectuando sobre el Congreso Nacional para que se apruebe el acuerdo nuclear con Australia, proyecto que abriría la puerta para que la Argentina trate residuos radiactivos en el término de una década.

"¿Por qué no resolver primero qué se debe hacer con los residuos radiactivos de minería de uranio que esperan bajo el viento, la lluvia y la nieve en Malargüe desde hace décadas?", se preguntó la institución.

Los residuos de la extracción de uranio están expuestos al aire libre en Malargüe, a escasos 2000 metros del centro de aquella ciudad, ubicada en el sur de Mendoza, a más de 400 kilómetros de la capital mendocina.

Los restos provienen de la explotación en Fabril Malargüe y Sierra Pintada -esta última de San Rafael- que han sido por dieciséis años el motivo de preocupación de los pobladores, a los que se sumaron en los últimos tiempos redes ambientalistas y ecologistas.

Abandonados a su suerte

En Malargüe quedaron depositadas, entre 1954 -cuando se produjo el hallazgo de los yacimientos de Huemul y Agua Botada- y 1986, unas 700.000 toneladas de colas de mineral de uranio.

En la década del noventa el tema alcanzó repercusión a raíz de denuncias de la entidad internacional Greenpeace. Las instituciones ecologistas, como gran parte de la población del departamento de Malargüe, han solicitado la realización de los trabajos que permitan el encapsulado del material, por el cual se evitará la dispersión en el ambiente del polvo y los gases sobrantes del proceso.

La cooperación

La red Renace, a la par de insistir con la cuestión de las colas de uranio en Malargüe, advirtió que la Cámara de Diputados de la Nación "está a punto de aprobar un acuerdo de cooperación nuclear con Australia que permitirá que ingresen residuos australianos para recibir tratamiento en la Argentina".

Se trata de una cláusula que contiene el contrato entre la empresa argentina Invap y la entidad nuclear Ansto, del gobierno australiano, por la que, una vez construido el reactor de Lucas Heights, a 35 kilómetros de Sydney, y puesto en funcionamiento, los materiales combustibles usados podrían ser enviados a la Argentina (o al destino que ésta acuerde) para su tratamiento. Esto podría no ocurrir hasta dentro de una década, según algunos de los diputados que lo respaldan.

El acuerdo es rechazado por las organizaciones ambientalistas del país, que señalan que es inconstitucional. "El artículo 41 de la Constitución nacional prohíbe el ingreso de residuos radiactivos al territorio nacional", indicó un vocero de Renace.

"¿Cuándo resolverán este pasivo ambiental?", se preguntó Jennifer Ibarra, de la Fundación Cullunche, de Mendoza. "Esa debería ser la prioridad para la CNEA y los diputados mendocinos, y no estar corriendo detrás de las presiones de Australia", agregó.

Negocio de los residuos

"Sabemos del gigantesco lobby que hacen los funcionarios de la CNEA para que se les abra el negocio de los residuos nucleares internacionales, a costa de los derechos y del medio ambiente argentino", dijo por su parte Carlos Benedetto, que reside en Malargüe y es miembro del Instituto Argentino de Investigaciones Espeleológicas.

Agregó que a las entidades ecologistas les "gustaría ver el mismo entusiasmo e idéntica dedicación que ponen los legisladores para solucionar el problema a los australianos, en buscar los fondos para solucionar el problema a los mendocinos".