| El gobierno de Mendoza
no permitirá la reactivación
del Complejo Sierra Pintada, en San
Rafael, hasta que la Comisión
Nacional de Energía Atómica
no solucione los pasivos ambientales
que tiene en ese departamento y en Malargüe.
La decisión la comunicó
el propio gobernador, junto a la subsecretaria
de Medio Ambiente, Laura Fagot, al
presidente del organismo nacional,
José Pablo Abriata, durante
la visita que hizo a la provincia
el jueves pasado.
La intención de la Comisión
Nacional de Energía Atómica
es trasladar desde Córdoba
al complejo minero fabril San Rafael
una planta de purificación
y permitir de esta forma su reactivación,
teniendo en cuenta el actual valor
del uranio.
La resistencia del gobierno mendocino
se debe, fundamentalmente, a la falta
de respuesta que desde 1999 tiene
la CNEA con el tratamiento de las
colas de uranio de Malargüe.
Pero hoy también surge claramente
a la luz que hay pasivos ambientales
de riesgo en la zona de San Rafael.
“Nosotros le hemos pedido una
evaluación de impacto ambiental
a la Comisión para determinar
cómo van a remediar los pasivos
y un estudio de riesgo de todo lo
que hay en San Rafael, que es bastante.
Se debe hacer una priorización
de cuál de los pasivos hay
que atacar primero”, sostuvo
Laura Fagot.
Los pasivos incluyen 13,7 millones
de metros cúbicos de mineral
estéril depositado en escombreras;
minerales marginales y de baja ley
acopiados en colas dentro del predio
del complejo (411 mil toneladas entre
ambos) y oquedades de canteras agotadas
en cuyo interior se acumula agua y
que es necesario rellenar. Asimismo
existen oquedades en canteras no agotadas
que también deberían
rellenarse en caso de no reactivarse
la producción, con un volumen
total a rellenar de 3,3 millones de
metros cúbicos, según
un informe de Medio Ambiente.
Para Laura Fagot afectan al medio
ambiente sobre todo los líquidos
acumulados en las canteras y diques
de evaporación Por ello debido
a fluctuaciones de la freática
y de las lluvias se corre el riesgo
de que estos diques se desborden.
Esto lleva muchos años, desde
1980.
La situación, según
Fagot, está monitoreada permanentemente
por Irrigación, por Medio Ambiente
y por la autoridad reguladora nuclear,
pero hay un riesgo. Es por ello que
le hemos pedido el análisis
de riesgo a la CNEA.
17 de diciembre de
2002
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