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POSADAS.- Unas 150.000 hectáreas del
territorio de Misiones estarían ocupadas por más
de 6000 familias de un incipiente movimiento similar al de
los sin tierra brasileño, según reconoció
el subsecretario de Tierras de Misiones, Gustavo Werich.
Los sin tierra misioneros invaden desde hace pocos meses propiedades
fiscales y privadas y allí se asientan miles de familias,
algunas de ellas provenientes del Brasil.
Para sobrevivir queman el monte nativo, destruyen toda la
masa vegetal y en su lugar plantan maíz, porotos, tabaco
y crían animales de granja.
El gobierno que encabeza el justicialista Carlos Rovira hasta
el momento no ha podido encontrar una solución al problema.
Para este miércoles, sin embargo, está prevista
una reunión en el Ministerio de Gobierno provincial,
a la que asistirán representantes de los ocupantes
ilegales de tierras y de las empresas a las que les usurpan
terrenos.
Cortes de rutas
Los sin tierra habían iniciado hace
una semana cortes sorpresivos en el cruce de las rutas provinciales
17 y 20. La medida, sin embargo, se levantó ayer en
forma temporaria hasta tanto se realice el encuentro con el
ministro de gobierno.
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Los ocupantes ilegales de terrenos le piden al gobierno provincial
que se les reconozca sus derechos sobre los territorios usurpados.
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Los cortes de ruta se realizaban en un punto estratégico
para el transporte de cargas provincial, cerca del paraje
Pozo Azul, ubicado a menos de cien kilómetros de distancia
de Bernardo de Irigoyen, en el límite con Brasil, en
un sector de serranías altas y selváticas de
hasta 700 metros, distante unos 270 kilómetros al norte
de Posadas, la capital provincial.
Invasión sostenida
El subsecretario de Tierras de la provincia,
Gustavo Werich, admitió la presencia de los intrusos
y calculó que unas 150.000 hectáreas del territorio
provincial podrían estar hoy ocupadas por unas 6000
familias ilegales, las que subsisten en condiciones de extrema
pobreza.
Los ilegales, siempre de acuerdo con las fuentes oficiales
del gobierno misionero, se ubicaron en una franja fronteriza
con Brasil, desde la ciudad de San Javier -en la zona sur-
hasta las de San Pedro y Bernardo de Irigoyen, en el Nordeste.
Werich, además, le agregó una cuota de dramatismo
a la cuestión al asegurar que "la situación
es insostenible porque el gobierno no dispone de medios para
controlarla".
Al mismo tiempo, el obispo de Iguazú, Joaquín
Piña, justificó y avaló las continuas
ocupaciones al afirmar que "las empresas que reclaman
y se quejan tienen tierras improductivas que deberían
cederlas a quienes no la tienen. Como Iglesia apoyamos el
derecho de esa gente a vivir en algún lugar",
manifestó Piña, un misionero perteneciente a
la Orden de los Jesuitas que hasta se arriesgó a recomendar
"una revisión del concepto del derecho de propiedad".
No es ésa, por supuesto, la visión que sobre
el mismo problema tiene el doctor Edgard Castro, apoderado
de la firma Colonizadora Misionera en cuyos alrededores se
concentraron durante las últimas jornadas los grupos
más rebeldes de usurpadores de tierras.
"Quienes toman terrenos que no les pertenecen atentan
contra el trabajo estable, alientan los vicios de la inmoralidad
tolerada, privan a los municipios de cobrar sus tasas, disminuyen
los ingresos provinciales provenientes del impuesto inmobiliario
y generan un comercio paralelo e ilegal de maderas, que obviamente
tampoco tributa al fisco", dijo.
Para Castro, la continua invasión de tierras, además,
"provoca inseguridad jurídica porque dispara directamente
contra algunos capitales que, ante este inconveniente, inmediatamente
buscan otros lugares para radicarse".
Zona de riesgo
Los representantes de las empresas afectadas
denunciaron que en los últimos meses llegaron centenares
de personas dedicadas a incendiar porciones de selva virgen
para asentarse en forma clandestina sin respetar el derecho
a la propiedad, lo que da origen a una suerte de "expropiación
encubierta e inseguridad creciente".
Al respecto, Francisco García y Juan Bragado, apoderados
de firmas forestales, sostienen que si no se encuentra forma
de poner coto a las severas irregularidades, y si el Estado
misionero no pone freno a la ocupación ilegal de tierras,
"cunde el desaliento entre inversionistas. El desarrollo
sustentable -indicaron- se cumple con la aplicación
de la ley, no infrigiéndola".
Mientras tanto, la quema de vegetación, al igual que
la tala indiscriminada del bosque, cuyos troncos se venden
al contado y a mejores precios en países vecinos, donde
ingresan de contrabando.
Los campesinos dicen estar vinculados con el Movimiento de
los Sin Tierra del Brasil (MST) y su similar del Paraguay,
que se muestran muy activos en departamentos limítrofes
con Misiones.
Algunas estimaciones extraoficiales estiman que sólo
un 20% de los ocupantes ilegales es de nacionalidad brasileña
y que el otro 80% es argentino.
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