|
La ciudad de Buenos Aires, así como
otros centros urbanos del país, tienen altos niveles
de contaminación sonora que se deben a la falta de
normas adecuadas para reducir el problema o al incumplimiento
de las existentes.
La principal fuente de ruido es el tránsito
y, dentro de éste, el producido por los camiones recolectores
de basura y por los colectivos. Pero también es importante
la incidencia de los ruidos producidos por locales comerciales
o bailables. Según las mediciones oficiales y de organizaciones
no gubernamentales, en numerosos puntos de la ciudad el ruido
supera los 80 decibeles, mientras el máximo tolerable
es de 70, según los estándares de la Organización
Mundial de la Salud. Más allá de los 70 decibeles,
el ruido provoca lesiones auditivas.
En los últimos tiempos la Justicia
tomó varias decisiones sobre el tema a partir de denuncias
formuladas por los vecinos. En diciembre pasado un juez dispuso
el secuestro de un equipo reproductor de música de
un negocio de Palermo y en marzo otro ordenó a la empresa
Autopistas Urbanas la colocación de paneles acústicos
para amortiguar el ruido en algunos puntos de la Autopista
25 de Mayo. Más recientemente, la Justicia condenó
a una empresa de colectivos a indemnizar tres familias de
Villa del Parque, afectadas por los ruidos producidos en un
playón de estacionamiento lindero a viviendas familiares.
El hecho de que los damnificados hayan debido
recurrir a la Justicia para hacer valer sus derechos —con
todo el tiempo y el costo que ello significa—, muestra
que existe un déficit normativo en materia medioambiental
o que las autoridades no hacen cumplir las disposiciones vigentes.
En el caso de los vehículos automotores
el nivel de ruido se debe no sólo al aumento de la
circulación sino también a que los automotores
no están sometidos a las exigencias técnicas
que permitirían reducir la emisión de ruidos.
También es sabido que las quejas de los vecinos por
emisión de ruidos molestos en locales comerciales o
casas particulares tardan en ser atendidas y que hay zonas
que viven sometidas en forma permanente a ruidos provenientes
de bares y locales de baile.
Las autoridades de la Ciudad tienen, por
lo tanto, una deuda en lo que respecta a evitar la contaminación
sonora, garantizar el cumplimiento de las normas existentes
y proveer las que sean necesarias para evitar daños
en la salud y en la calidad de vida de los vecinos.
|
