La Fundación para la defensa del ambiente (FUNAM), conjuntamente con vecinos de barrio Ituzaingó Anexo, de la ciudad de Córdoba, denunciaron públicamente que se habían aplicado plaguicidas junto al barrio, lo que es ilegal de acuerdo a una Ordenanza recientemente aprobada por el Concejo Deliberante. El día martes 24 de junio, por la tarde, tenedores del campo ubicado junto al barrio empezaron a fumigar "con total desprecio por la gente y en abierta violación a la normativa vigente", indicó Sofía Gatica, una de las vecinas del barrio. En forma inmediata los vecinos se comunicaron con FUNAM, que formuló la denuncia ante el gobierno y se hizo presente en el lugar.

El Biólogo Raúl Montenegro, presidente de FUNAM y profesor titular de Biología Evolutiva en la Universidad Nacional de Córdoba, indicó que los plaguicidas usados en soja transgénica "son de alto riesgo para la salud". Aclaró que "el herbicida glifosato y su derivado químico, el AMPA, al igual que el insecticida endosulfán, y su derivado químico el sulfato de endosulfán, tienen actividad estrogénica cuando ingresan al organismo de las personas. Son compuestos que pueden alterar el sistema hormonal de los niños y adultos, y por eso se denominan disrruptores endocrinos. Esta alteración puede asociarse incluso con la generación de cáncer". Montenegro sostuvo que usar este tipo de plaguicida en barrio Ituzaingó Anexo "no es solo ilegal, también es criminal porque sus restos actúan sobre una población que ya estuvo expuesta a metales como el arsénico, el plomo y el cromo, y que sigue expuesta, en parte, a campos magnéticos superiores a 0,3 microteslas. Ello sin contar las numerosas fumigaciones que contaminaron sus aguas de bebida y sus suelos".

Sofía Gatica indicó que el mismo día que se fumigó ilegalmente "se hicieron presentes representantes del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Agricultura y de la Policía de la Provincia" y que todos ellos "pudieron comprobar que se habían estado aplicando plaguicidas. Esta es la primera vez que el gobierno reconoce la fumigación". Los vecinos, al comprobar que se estaba fumigando, alertaron a FUNAM y sacaron fotos para tener pruebas de la aplicación ilegal. Sofía Gatica indicó que tanto el representante de la Secretaría de Agricultura como del Ministerio de Salud "nos dijeron que iban a presentar la denuncia en el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Córdoba, ya que se violó una ordenanza que prohíbe la fumigación a menos de 2.500 metros del barrio". Los vecinos también presentaron su denuncia ante la Comuna "que sigue mirando para otro lado". El Biólogo Raúl Montenegro indicó que el área de ambiente de la Municipalidad de Córdoba "solo sirve para que sus funcionarios cobren sueldo mientras la gente se intoxica, enferma y muere".

Tanto los vecinos como FUNAM reclamaron a la legislatura de Córdoba que no solo se acuerde de la producción "sino también de la salud de la gente", y que por ley "prohíba la aplicación aérea y terrestre de plaguicidas a menos de 2.500 metros de barrios y otros asentamientos urbanos". Sofía Gatica sostuvo que "sabemos que la producción hace falta, pero también queremos que nuestras familias vivan, y no sean envenenadas. Lo que han hecho los productores aquí en el barrio no tiene nombre, sus actos fueron inhumanos". El Biólogo Raúl Montenegro agregó que el uso de plaguicidas en la provincia "sigue siendo una piedra libre. No solo los productores de soja sino también los de papa fumigan a corta distancia de viviendas y barrios, envenenado el ambiente y las personas. Hasta tanto nos proteja la ley, habrá que continuar con acciones penales y civiles en la Justicia para que los responsables de generar enfermedad y muerte paguen por lo que están haciendo".