El Viceministerio de Hidrocarburos elabora un ilegal reglamento que dejará las áreas protegidas a merced de las transnacionales petroleras. Están en riesgo ingentes riquezas naturales, la vida de pueblos originarios y la biodiversidad.

Cediendo a los intereses de las empresas petroleras, el Viceministerio de Hidrocarburos está intentando ilegalmente intervenir en las áreas protegidas del país, lo que atenta contra los pueblos originarios que las habitan, la sustentabilidad de la biodiversidad y pone en riesgo las riquezas naturales de Bolivia, denunció la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA).

Vulnerando las normas establecidas y violentando la legislación ambiental, el Viceministerio de Hidrocarburos se encuentra elaborando el Reglamento de Coordinación Interinstitucional para el Desarrollo de Actividades Petroleras y de Áreas Protegidas, con la intención de atribuirse derechos por encima de la normativa que regula el régimen de áreas protegidas.

Según LIDEMA, las acciones del Viceministerio son ilegales y van en franco atropello al Art. 33 del Reglamento General de Areas Protegidas, que establece que las actividades hidrocarburíferas a realizarse dentro de áreas protegidas serán aceptadas sólo con carácter de excepción y a través de Ley de la República expresa.

"Sin embargo, este reglamento pretende resolver los conflictos de superposición de intereses hidrocarburíferos con aquellos de las áreas protegidas a través de un procedimiento de consulta y definición de última instancia que vulnera la integridad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)".

Mediante este reglamento el Viceministerio de Hidrocarburos, en franco atropello a la seguridad jurídica e institucional del SNAP, desconoce a la autoridad competente y se autoconfiere atribuciones para determinar lo que se debe o no conservar al interior de las áreas protegidas. También se otorga la facultad de emitir dictámenes técnicos sobre zonificación y planificación de la gestión de las áreas protegidas.

Finalmente, en caso de no lograr el consenso o el silencio administrativo a favor del sector productivo, da facultades para definir el destino de las áreas a una instancia de corte totalmente economicista, como es el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONAPES).

En este contexto, LIDEMA considera que el gobierno debe retroceder en su intento de privilegiar desmesuradamente al sector hidrocarburífero en desmedro de la institucionalidad y seguridad jurídica del SNAP y guardar una política coherente con la protección de nuestros recursos naturales renovables. De otra manera estará poniendo en juego la conservación del patrimonio natural nacional, que es nuestra mayor riqueza y la base para mejorar la calidad de vida de los bolivianos.