| El Viceministerio
de Hidrocarburos elabora un ilegal reglamento
que dejará las áreas protegidas
a merced de las transnacionales petroleras.
Están en riesgo ingentes riquezas
naturales, la vida de pueblos originarios
y la biodiversidad.
Cediendo a los intereses de las empresas
petroleras, el Viceministerio de Hidrocarburos
está intentando ilegalmente
intervenir en las áreas protegidas
del país, lo que atenta contra
los pueblos originarios que las habitan,
la sustentabilidad de la biodiversidad
y pone en riesgo las riquezas naturales
de Bolivia, denunció la Liga
de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA).
Vulnerando las normas establecidas
y violentando la legislación
ambiental, el Viceministerio de Hidrocarburos
se encuentra elaborando el Reglamento
de Coordinación Interinstitucional
para el Desarrollo de Actividades
Petroleras y de Áreas Protegidas,
con la intención de atribuirse
derechos por encima de la normativa
que regula el régimen de áreas
protegidas.
Según LIDEMA, las acciones
del Viceministerio son ilegales y
van en franco atropello al Art. 33
del Reglamento General de Areas Protegidas,
que establece que las actividades
hidrocarburíferas a realizarse
dentro de áreas protegidas
serán aceptadas sólo
con carácter de excepción
y a través de Ley de la República
expresa.
"Sin embargo, este reglamento
pretende resolver los conflictos de
superposición de intereses
hidrocarburíferos con aquellos
de las áreas protegidas a través
de un procedimiento de consulta y
definición de última
instancia que vulnera la integridad
del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP)".
Mediante este reglamento el Viceministerio
de Hidrocarburos, en franco atropello
a la seguridad jurídica e institucional
del SNAP, desconoce a la autoridad
competente y se autoconfiere atribuciones
para determinar lo que se debe o no
conservar al interior de las áreas
protegidas. También se otorga
la facultad de emitir dictámenes
técnicos sobre zonificación
y planificación de la gestión
de las áreas protegidas.
Finalmente, en caso de no lograr
el consenso o el silencio administrativo
a favor del sector productivo, da
facultades para definir el destino
de las áreas a una instancia
de corte totalmente economicista,
como es el Consejo Nacional de Política
Económica y Social (CONAPES).
En este contexto, LIDEMA considera
que el gobierno debe retroceder en
su intento de privilegiar desmesuradamente
al sector hidrocarburífero
en desmedro de la institucionalidad
y seguridad jurídica del SNAP
y guardar una política coherente
con la protección de nuestros
recursos naturales renovables. De
otra manera estará poniendo
en juego la conservación del
patrimonio natural nacional, que es
nuestra mayor riqueza y la base para
mejorar la calidad de vida de los
bolivianos.
23 de Junio de 2003
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