Episodios críticos de contaminación han aumentado a más del doble en Santiago.

Desde el 27 de mayo la población ha dejado de tener libre acceso a la información relativa a las emisiones contaminantes, de acuerdo con una resolución publicada en el Diario Oficial. El conocimiento público está sujeto ahora a la discrecionalidad de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que coordina las políticas y estrategias gubernamentales en materia ambiental.

De esta manera, la ciudadanía no podrá conocer -entre otras restricciones- los antecedentes en que se fundan la dación de normas de calidad del aire o de emisiones contaminantes, y eventualmente, los niveles de polución que afectan la calidad de vida y la salud de la población.

La medida es parte de un proceso de desregulación ambiental que viene aplicando el gobierno del presidente Ricardo Lagos, por presión de los sectores más poderosos de la industria nacional.

Y esto ocurre en momentos en que los episodios críticos de contaminación han aumentado a más del doble en Santiago, en comparación con años anteriores, lo que indica que las medidas de protección del aire de la capital durante el invierno austral, están fracasando nuevamente.

Recientes estudios coinciden en señalar que cuando se supera el valor 100 en el Índice de Calidad del Aire referido a Partículas (ICAP), las consecuencias de la contaminación atmosférica sobre la salud se manifiestan en aumento de muertes y enfermedades.

Según resultados obtenidos por Luis Cifuentes, ingeniero de la Universidad Católica de Chile, entre 4% y 11% de los niveles de mortalidad no accidental registrados en Santiago, se pueden atribuir a los niveles medios de contaminación -ICAP superior a 300- y corresponderían a muertes que se adelantaron, es decir, de personas afectadas por enfermedades cardiovasculares y respiratorias crónicas cuyos cuadros se agudizaron, produciéndoles una crisis terminal que se tendría que haber presentado en años posteriores como consecuencia del desarrollo normal de la enfermedad.

Andrei Tchernitchin, médico jefe del Laboratorio de Endocrinología Experimental y Patología Ambiental de la Universidad de Chile, advirtió el 2 de junio sobre el grave aumento de las muertes prematuras en la capital luego de uno o dos días de exposición a concentraciones altas de partículas respirables.

Los efectos de la exposición a los contaminantes atmosféricos, además de agravar los cuadros obstructivos o broncopulmonares ya existentes, crean las condiciones que potencian los efectos de los virus respiratorios presentes durante los meses de invierno.

Este fenómeno afecta especialmente al sector occidental de la capital, donde se ubican las poblaciones más pobres, que sufren la acumulación de los contaminantes producto del desplazamiento creado por el viento que sopla en esa dirección y, por tanto, asumen un riesgo mucho mayor de deterioro de su salud.

En esos lugares, muebles, muros, cortinas y todo aquello que quede expuesto a la nube contaminante, o smog, adquiere un tono grisáceo en no más de 10 días. También es el área donde se presenta la mayor cantidad de cuadros respiratorios obstructivos en el periodo invernal.

Sin embargo, lo más peligroso para quienes habitan en esa zona de la capital es que las medidas de prevención como "Alerta Ambiental" o "Preemergencia", en las cuales dejan de trabajar un cierto número de industrias y se restringe tanto el tránsito de vehículos particulares como de transporte público, se adoptan tomando en consideración los niveles promedio en 24 horas.

Con este sistema la población puede estar expuesta a niveles críticos o peligrosos por varias horas, hasta que se cumple el ciclo que entregará el promedio, lo que impulsará a la autoridad a dictar las medidas de protección.

La cantidad de episodios críticos de calidad del aire de Santiago han aumentando paulatinamente en los últimos años. Hasta el 6 de mayo se habían constatado este año 12 días de alerta ambiental y 4 de preemergencia. En ese mismo periodo el año pasado se habían decretado nueve alertas y dos preemergencias, y en el 2001 sólo se habían producido seis alertas y ninguna preemergencia.

Desde diversos sectores se ha criticado la falta de voluntad política del gobierno para enfrentar este tema, una de cuyas expresiones es la restricción al libre acceso a la información. Al respecto, Manuel Baquedano, presidente del Instituto de Ecología Política, ha señalado que "de esta forma la gente no podrá saber a ciencia cierta los niveles de polución que afectan su salud, exponiéndola además a una nueva forma de tortura psicológica, el silencio ambiental".

A ello se agrega una de las objeciones más repetidas por los expertos, como es el lento avance en la elaboración de la legislación para el control de las partículas más peligrosas -que miden menos de 2.5 micrones y que son capaces de ingresar hasta lo más profundo del organismo a través del sistema respiratorio-, que establecería índices para los episodios críticos. En enero del 2001 se dio un plazo hasta mediados de este año para presentar un proyecto de ley, y aún no se conoce nada al respecto.