La deuda que el Estado mantiene con los forestadores acogidos a los beneficios de la ley de inversiones para bosques cultivados (N° 25.080), provocará este año una drástica caída del ritmo de plantación. Como consecuencia del retraso del subsidio previsto por la norma, la Asociación Forestal Argentina (AFOA) calcula que la intención de implantar unas 140.000 hectáreas se reduciría a la mitad y que, de esa cifra, efectivamente se concretarían apenas entre 40 y 50.000 ha. Esto supone el quiebre del crecimiento sostenido del sector en la última década, lapso en el que se registraron inversiones por US$ 3.000 millones entre la actividad primaria e industrial.

Aún más lejos queda el objetivo de desarrollar unas 200.000 ha por año, y así equiparar el potencial forestal de Chile e incluso equilibrar la balanza comercial del sector (que tuvo un déficit de US$ 819,14 millones en 2000).

La deuda del Estado con los inversores acogidos al régimen de promoción ronda los $ 25,5 millones y corresponde a plantaciones logradas entre 1996 y 1999. El 70% de esa área se concentra en manos de pequeños y medianos productores.

El peso de la deuda resulta insostenible, dicen los empresarios, no sólo para los inversores (que dependen de la compensación económica para acceder a los insumos y servicios) sino también para el fisco, si se tienen en cuenta los $ 40 millones que este año deberían empezar a pagarse por las plantaciones efectuadas en 2000.

La primer desilusión del sector fue el veto del Poder Ejecutivo a un artículo de la ley de presupuesto, que establecía la emisión de certificados de deuda por unos $ 25 millones, transferibles al pago de obligaciones fiscales devengadas o por devengar. Finalmente, el Gobierno sólo dispuso de $ 20 millones para subsidiar la forestación, y la noticia impactó directamente en las proyecciones de inversión. "Con el tiempo, el compromiso del Estado se torna imposible de cumplir y, finalmente, es licuado por la inflación", se quejó Martín Aguerre, gerente de AFOA. "El sector ingresó en un círculo vicioso", evaluó.

Pensar el país a largo plazo

"Hace más de cuatro años que forestamos y no recibimos ni diez centavos. La demora de los reintegros no sólo desincentiva la inversión sino también la generación de empleo", señaló Enrique Gštz, de Bosque Andino SA, emprendimiento ubicado al norte de Junín de los Andes.

"Si el Estado no cumple no podemos seguir con el proyecto", explicó Gštz, que este año reducirá el área forestada de 1.000 a 300 hectáreas.

"La creación de bosques implica un verdadero desarrollo de la región patagónica, es un proyecto de largo plazo que comprende el trazado de caminos, la organización de viveros y la instalación de industrias. Además, para las comunidades mapuches, la forestación es una fuente segura de trabajo", comentó. Mientras espera una señal de alivio por parte de las autoridades del área, Gštz señala: "Es necesario pensar el país a largo plazo".

Curva ascendente

Según explica Juan Escobar, gerente de la empresa extranjera Bosques del Plata, el empuje del sector permitió, hasta ahora, hacer proyecciones de largo plazo. "Con el incentivo del reintegro estatal fue posible la rápida expansión de la superficie forestada y proyectar un escenario para recibir nuevas inversiones", señala.

El subsidio a los bosques cultivados, apunta Escobar, demostró hasta el presente la importancia estratégica que los sucesivos gobiernos le asignaban al sector. "El desarrollo forestal era considerado uno de los pilares de la economía. Menem y De la Rúa así lo manifestaron", señaló Escobar.

"La depresión económica de los últimos cuatro años y la irregularidad en el pago del reintegro afectó gravemente la franja de pequeños y medianos forestadores al punto que quebró la cadena de pagos", apuntó.

"Nos quedamos en la mitad de la curva de crecimiento", dice el técnico. Según evalúa, el sector logró aprovechar las ventajas comparativas de la Argentina ("tanto sus condiciones naturales como su capital humano"), pero le faltó aprovechar al máximo las ventajas competitivas (desde investigación genética hasta nuevas metodologías de manejo silvícola).

La escasa disponibilidad de fondos del Estado para sostener la promoción de bosques cultivados, "es una cuestión que excede a la Secretaría de Agricultura", señaló José Luis Darraidou, director de Forestación.

"Nosotros estamos demandando a la Secretaría de Hacienda un incremento de los recursos porque las inversiones ya están realizadas y es importante la continuidad del proceso porque el sector está muy activo para exportar", señaló Darraidou.

En opinión del funcionario, la restringida asignación de fondos es una limitación circunstancial que deteriorará la escala del negocio, pero que, más allá de los reintegros, la ley 25.080 tiene otros beneficios importantes, como la estabilidad fiscal por 30 años y la devolución anticipada del IVA.