|
La manipulación
irresponsable de los recursos
naturales ha causado en las
últimas dos décadas
el "destierro" obligado
de cientos de miles de argentinos
obligados a abandonar hogar,
tierra, familia, cultura para
pasar a formar parte de los
que se conocen como "refugiados
ambientales".
"Ellos
han perdido todo, hasta la sombra,
porque mientras en sus lugares
de origen tenían árboles
para cobijarse, ahora se ven
obligados a vivir en páramos
con casas de lata y cartón",
explicó con resignación
Jorge Capatto, titular de la
Fundación Proteger.
Mientras el
recalentamiento global debido
a la emisión de gases
de los países muy industrializados
cambia el clima del mundo y
afecta principalmente a los
países del Cono Sur,
en la Argentina también
hay responsables de los cambios
climáticos y otros desastres
ecológicos.
Acostumbrado
a tratar día a día
con desplazados de las zonas
de la región del Gran
Chaco -que abarca la provincia
homónima, gran parte
del norte del país, Paraguay
y Bolivia-, Capatto consideró
que si no se frena el avance
de la agricultura sobre los
bosques nativos "la situación
será todavía más
intolerable".
"Los
desplazados por las inundaciones
en los últimos veinte
años es colosal -destacó-
y está directamente relacionada
con el mal manejo de la cuenca
y la desforestación para
cultivos como la soja, lo que
aumenta el riesgo de sedimentación
y la pérdida de las poblaciones
ribereñas".
Según
el especialista en temas ambientales
"esta situación
produce no sólo un proceso
de desarraigo y aculturización,
sino una profunda desintegración
familiar y social". Y explicó
que los jefes de familia son
los primeros en abandonar a
los suyos, abrumados por la
falta de oportunidades, mientras
que las madres solteras con
hijos aumentan a medida que
las edades -entre 12 y 15 años-
descienden.
"Estos
son los costos sociales y económicos
del denominado desarrollo no
sustentable. Los desplazados
ambientales van siempre hacia
un lugar peor", resaltó
Capatto.
Por su parte,
el vocero de la Fundación
Vida Silvestre, Claudio Bertonati,
se refirió al caso de
pobladores de las costas del
Paraná que debieron abandonar
sus hogares a causa de las inundaciones
producidas tras la construcción
de la represa hidroeléctrica
de Yaciretá. "En
esa oportunidad no sólo
obligaron a la gente a retirarse
de su tierra, sino que además
dejaron desaparecer seis ruinas
jesuíticas bajo las aguas",
precisó.
Impacto
El impacto
social de esa obra, que obligó
al desplazamiento de entre 40
y 50 mil personas, todavía
se hace sentir en los barrios
periféricos de las grandes
ciudades del litoral, como Ituzaingó,
al norte de la provincia de
Corrientes.
La mayoría
de esos pobladores vivían
en chozas a un lado de la ribera,
lejos de cualquier poblado -lo
que acrecentó su sentido
de aislamiento al ser trasladados
a urbanizaciones- y dedicados
a la orfebrería con barro.
"No tuvieron elección.
Se les destruyó su forma
de vida por medio de engaños
y falsas promesas. Hoy son parias
en su propio país",
subrayó Bertonati.
Más
al sur, en las proximidades
de la ciudad de Bahía
Blanca, los habitantes de la
localidad de Ingeniero White
todavía conservan en
sus retinas la imagen de una
nube tóxica que flotó
sobre ellos a mediados de agosto
de 2000. "Las secuelas
que deja un hecho así
son el miedo de vivir en un
lugar peligroso y la impotencia
de no contar con los medios
económicos para poder
irse a otro sitio", confesó
Alejandro Díaz.
Tras el desastre,
Díaz y otros pobladores
conformaron la ONG Vecinos por
la Vida con el objetivo de ejercer
un control más estricto
sobre las empresas del polo
petroquímico.
Las historias
se repiten a lo largo y ancho
del país, como en la
ciudad santafesina de Esperanza,
acosada por la contaminación
de cromo procedente de una curtiembre.
"Yo no nací acá
pero amo este lugar, sin embargo
me quiero ir porque está
en peligro la vida de mi familia",
manifestó Julia, una
vecina del lugar que pronto
pasará a engrosar la
lista de los desplazados ambientales.
28 de enero
de 2002-
Fuente: 
|
cargando el contenido
