La manipulación irresponsable de los recursos naturales ha causado en las últimas dos décadas el "destierro" obligado de cientos de miles de argentinos obligados a abandonar hogar, tierra, familia, cultura para pasar a formar parte de los que se conocen como "refugiados ambientales".

"Ellos han perdido todo, hasta la sombra, porque mientras en sus lugares de origen tenían árboles para cobijarse, ahora se ven obligados a vivir en páramos con casas de lata y cartón", explicó con resignación Jorge Capatto, titular de la Fundación Proteger.

Mientras el recalentamiento global debido a la emisión de gases de los países muy industrializados cambia el clima del mundo y afecta principalmente a los países del Cono Sur, en la Argentina también hay responsables de los cambios climáticos y otros desastres ecológicos.

Acostumbrado a tratar día a día con desplazados de las zonas de la región del Gran Chaco -que abarca la provincia homónima, gran parte del norte del país, Paraguay y Bolivia-, Capatto consideró que si no se frena el avance de la agricultura sobre los bosques nativos "la situación será todavía más intolerable".

"Los desplazados por las inundaciones en los últimos veinte años es colosal -destacó- y está directamente relacionada con el mal manejo de la cuenca y la desforestación para cultivos como la soja, lo que aumenta el riesgo de sedimentación y la pérdida de las poblaciones ribereñas".

Según el especialista en temas ambientales "esta situación produce no sólo un proceso de desarraigo y aculturización, sino una profunda desintegración familiar y social". Y explicó que los jefes de familia son los primeros en abandonar a los suyos, abrumados por la falta de oportunidades, mientras que las madres solteras con hijos aumentan a medida que las edades -entre 12 y 15 años- descienden.

"Estos son los costos sociales y económicos del denominado desarrollo no sustentable. Los desplazados ambientales van siempre hacia un lugar peor", resaltó Capatto.

Por su parte, el vocero de la Fundación Vida Silvestre, Claudio Bertonati, se refirió al caso de pobladores de las costas del Paraná que debieron abandonar sus hogares a causa de las inundaciones producidas tras la construcción de la represa hidroeléctrica de Yaciretá. "En esa oportunidad no sólo obligaron a la gente a retirarse de su tierra, sino que además dejaron desaparecer seis ruinas jesuíticas bajo las aguas", precisó.

Impacto

El impacto social de esa obra, que obligó al desplazamiento de entre 40 y 50 mil personas, todavía se hace sentir en los barrios periféricos de las grandes ciudades del litoral, como Ituzaingó, al norte de la provincia de Corrientes.

La mayoría de esos pobladores vivían en chozas a un lado de la ribera, lejos de cualquier poblado -lo que acrecentó su sentido de aislamiento al ser trasladados a urbanizaciones- y dedicados a la orfebrería con barro. "No tuvieron elección. Se les destruyó su forma de vida por medio de engaños y falsas promesas. Hoy son parias en su propio país", subrayó Bertonati.

Más al sur, en las proximidades de la ciudad de Bahía Blanca, los habitantes de la localidad de Ingeniero White todavía conservan en sus retinas la imagen de una nube tóxica que flotó sobre ellos a mediados de agosto de 2000. "Las secuelas que deja un hecho así son el miedo de vivir en un lugar peligroso y la impotencia de no contar con los medios económicos para poder irse a otro sitio", confesó Alejandro Díaz.

Tras el desastre, Díaz y otros pobladores conformaron la ONG Vecinos por la Vida con el objetivo de ejercer un control más estricto sobre las empresas del polo petroquímico.

Las historias se repiten a lo largo y ancho del país, como en la ciudad santafesina de Esperanza, acosada por la contaminación de cromo procedente de una curtiembre. "Yo no nací acá pero amo este lugar, sin embargo me quiero ir porque está en peligro la vida de mi familia", manifestó Julia, una vecina del lugar que pronto pasará a engrosar la lista de los desplazados ambientales.