Luego de más de dos años de deliberaciones y de una intensa presión por parte de la industria, el gobierno de George W. Bush estableció una regulación que permitiría a miles de viejas plantas energéticas, refinerías de petróleo y carbón y unidades industriales actualizar y reemplazar sus equipos sin tener necesidad de instalar los nuevos dispositivos anticontaminación.

The New York Times tuvo acceso a un bosquejo de la nueva reglamentación a través del grupo ambientalista Consejo de Defensa de los Recursos Naturales. La nueva ley constituirá una gran victoria para las industrias, ya que las exceptuará de responder a las normas de protección ambiental que rigen a partir de la promulgación de la Ley de Aire Limpio, en 1977, y que el gobierno de Bush ha criticado en varias oportunidades. Estados Unidos nunca suscribió el Protocolo de Kyoto —firmado durante la cumbre de Cambio Climático de 1997—, que es el pacto internacional que pone límites a la emisión de gases tóxicos para evitar el recalentamiento global.

La Agencia de Protección ambiental (EPA son sus siglas en inglés) aprovecharía la semana próxima —cuando el Congreso esté en receso— para emitir la reglamentación que legitimará la emisión de miles de toneladas de agentes contaminantes en la atmósfera, lo que además les significará a las compañías un ahorro de miles de millones de dólares en equipamientos anticontaminación, aun cuando incrementarán notablemente las cantidades de contaminantes emitidos.

La actual reglamentación les exige a los dueños de las fábricas la instalación de dispositivos de control de polución cada vez que realizan algo más que un mantenimiento de rutina de sus plantas industriales. Durante mucho tiempo, las industrias argumentaron que la norma es ambigua e impide inversiones sustanciales en limpieza y equipamientos más eficientes.

La nueva reglamentación señala que los dueños de las fábricas podrán renovar hasta el 20% de sus equipos esenciales de producción sin tener necesidad de instalar los equipos anticontaminación.

A fines del año pasado, la administración Bush había propuesto flexibilizar la actual normativa y señaló que el umbral para requerir dispositivos de control antipolución debía imponerse cuando se trataba del reemplazo de más del 50% de los equipos. Miembros del Congreso protestaron y objetaron el proyecto.

Sólo en las últimas semanas las autoridades de la EPA establecieron la figura del 20%, luego de mantener secretas conversaciones con el gobierno. Según ha trascendido, la actual administradora de la Agencia de Protección Ambiental, Marianne Horinko, firmará probablemente la nueva ordenanza la semana próxima. La norma entraría en vigencia inmediatamente, sin más revisiones ni comentarios públicos. La única forma para frenar su aplicación será a través de acciones judiciales, algo con lo que los críticos de la nueva ley amenazan.

Eliot Spitzer, el procurador general de Nueva York, dijo que abrirá un expediente sobre el asunto tan pronto como se firme la reglamentación. "Una ley que crea un umbral de 20% destruye el sentido del estatuto", dijo Spitzer, un conocido demócrata, en referencia a la Ley de Aire Limpio. "Esto ratifica que la administración Bush ha hecho todo por repeler la ley a través de una orden administrativa".

Las autoridades oficiales, incluso Marianne Horinko, no quisieron hablar sobre el asunto. Pero voceros de la Agencia de Protección Ambiental confirmaron que el asunto está siendo tratado.

Para John Walke, director del Proyecto de Aire Limpio del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, el gobierno de Bush "a través de trampas administrativas arbitrarias autorizará aumentos enormes en la contaminación permitida, para beneficio de quienes contribuyeron a su campaña presidencial y a costa de la salud pública". Y agregó: "Las empresas contaminantes ahora podrán vomitar al aire más químicos dañinos, sin que importe el daño que puedan causar a millones de personas".