Santa Fe. - La contaminación del arroyo Las Prusianas fue motivo de una reunión convocada por la Defensoría del Pueblo en su sede capitalina al cabo de la cual los presidentes comunales de Humboldt, Nuevo Torino y Felicia se declararon conformes con el grado de avance de las medidas que se vienen adoptando con el fin de que las empresas de Rafaela que arrojan sus efluentes industriales al mencionado curso de agua realicen el cronograma de obras previstas para revertir el daño ambiental.

El titular de la Defensoría zona norte, Carlos Feruglio, y el director del organismo, Julio Mufarrege, participaron de la reunión junto con el secretario de Servicios Públicos de Rafaela, Gabriel Gentinetta; los presidentes comunales de Humboldt (Germán Kahlow), de Nuevo Torino (Norberto Sella) y de Felicia (Ernesto Schnidrig). Estos jefes comunales, sumados a los de Pilar, Cavour y Colonia Rivadavia, habían presentado meses atrás una denuncia en la defensoría para que intercediera ante la provincia en pos de solucionar el problema ambiental.

Los funcionarios de Medio Ambiente brindaron amplia información sobre todas las actuaciones realizadas, en particular sobre el avance de las obras de tratamiento de efluentes de tres empresas que actualmente tienen habilitaciones precarias para el volcamiento en el curso del arroyo.

Ellas son Sodecar, que ya comenzó los trabajos de tratamiento de efluentes; Rafaela Alimentos, que iniciará la obra antes de finalizar el mes en curso, y Molfino. De acuerdo a los plazos establecidos, dichas industrias tienen un plazo máximo de hasta tres años, que se trataría de reducir a dos, para concluir en su totalidad las plantas de tratamientos de residuos industriales, según los cronogramas presentados oportunamente y aprobados por la Municipalidad de Rafaela y la Secretaría de Medio Ambiente.

Se consensuó la realización de una próxima reunión para seguir evaluando el grado de cumplimiento de las obras comprometidas por las empresas. Sin perjuicio de ello, la Defensoría continuará, en ejercicio de sus facultades de ley, efectuando el contralor de cada una de las etapas establecidas teniendo como objetivo central la recuperación futura del recurso hídrico.