En junio próximo la Comisión Ballenera Internacional (CBI) se reunirá en Berlín, Alemania, para debatir temas tales como la continuidad de la moratoria a la caza comercial de ballenas y la creación del santuario ballenero del Atlántico Sur, propuesta patrocinada en forma conjunta por Brasil y la Argentina. Sin embargo, si nuestro país no paga antes de que finalice ese mes la cuota anual que tiene la obligación de abonar con la finalidad de contribuir al funcionamiento de la comisión, perderá su derecho a voto.

La CBI es el organismo encargado de la conservación y administración de las poblaciones de ballenas en el nivel mundial. Fue creada en 1946, durante una de las convenciones para la regulación de la caza de ballenas, que tienen por objetivo primordial proteger a esos cetáceos e impedir su desaparición como consecuencia de la caza indiscriminada.

Con tal finalidad, desde 1986 hasta la fecha ha estado vigente en forma ininterrumpida la moratoria de la caza comercial de todas las especies de ballenas. Una medida que, año tras año, provoca encendidas discusiones. En esos debates suelen enfrentarse los propugnadores de la posición conservacionista -entre los cuales se cuentan Australia, los Estados Unidos, Francia, Italia, México, Gran Bretaña, Sudáfrica y la Argentina-, que promueven la continuidad de dicha moratoria, y por los defensores de la apertura de la caza -Japón, Santa Lucía, St. Kitts y Nevis, San Vicente, Antigua y Barbuda, entre otros-, que están en favor del levantamiento de la veda.

La discusión entre esos dos grupos de países se dirime mediante una votación cuyos resultados han permitido, hasta ahora y por escasa diferencia, la continuidad de la prohibición. Esa decisión positiva ha tenido consecuencias afortunadas, pues ha favorecido la recuperación de numerosas poblaciones de cetáceos.

Es cierto que la grave y prolongada crisis económica que está atravesando nuestro país ha debilitado notoriamente su capacidad para honrar los compromisos que ha contraído de contribuir al sostenimiento de diversos organismos internacionales. Sin embargo, podrían invocarse numerosos argumentos que tornan aconsejable no pasar por alto la urgente e imperiosa necesidad de participar en la mencionada reunión de Berlín.

Si bien la deuda en cuestión asciende a 15.750 libras esterlinas (más o menos el equivalente de 80.000 pesos), es menester reparar en que la República Argentina es actualmente uno de los países líderes en el turismo de avistaje de ballenas en el plano mundial, lo cual le genera ingresos directos del orden de los sesenta millones de pesos anuales.

A modo de comparación ilustrativa, basta citar que el ingreso mundial producido por venta mayorista de carne de ballena asciende a unos 41 millones de dólares anuales, mientras que el avistaje de ballenas - sin considerar los otros servicios turísticos que moviliza-, supera los 780 millones de dólares anuales.

Este año también será discutida y votada otra importante cuestión. Nos referimos a la propuesta de creación del santuario ballenero del Atlántico sur, formulada por Brasil y copatrocinada por la Argentina. Ambas naciones aspiran a crear un área gigantesca de conservación de ballenas, situada entre las costas de Africa y América limitadas al Norte por la línea del Ecuador y al Sur por la línea fronteriza norte del ya establecido santuario ballenero austral.

La creación de esa segunda zona de protección suministraría condiciones apropiadas para la preservación de especies únicas y permitiría el normal desarrollo de los procesos ecológicos que son favorables para el desarrollo de esos animales marinos.

El Instituto de Conservación de Ballenas juntamente con otras diez organizaciones que trabajan en el cuidado del medio ambiente, le solicitaron encarecidamente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación la concreción de todas las medidas necesarias para el pago de la cuota anual de 2003. La cancelación de la deuda le permitirá a la Argentina mantener su voz y su voto en la susodicha reunión de la Comisión Ballenera Internacional.

La participación de nuestro país en ese foro resulta esencial, no sólo por la necesidad de emitir un sufragio decisivo para favorecer la conservación de estos fantásticos mamíferos marinos, sino, asimismo, porque confirma una tradición histórica que se remonta a 1925, cuando el abogado argentino José León Suárez le entregó a la Liga de las Naciones un memorando sugiriendo la creación de un cuerpo legal para regular la cacería de dichos cetáceos. A la postre, esa propuesta se convirtió en la primera Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas.