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Esta grave problemática es producto tanto de fallas del mercado como de los gobiernos, insertos en un modelo capitalista basado en la extracción de recursos renovables y no renovables, que no ha incorporado dentro de su ecuación las externalidades negativas que dicha extracción tendría en el ambiente y en la sociedad.

Este es el caso de la explotación de los recursos de origen fósil para la producción de energía, cuya quema produce emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); los mismos que causan el cambio climático.

Actualmente, las emisiones de GEI han superado las 350 partes por millón en la atmósfera; lo que -de acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC)- es la cifra máxima que permitirá que la temperatura no aumente en más de 1.5 grados centígrados.

Esto significa que la tendencia en el aumento de las emisiones de GEI nos está guiando a un escenario de aumento de temperatura superior a los 2 °C, que podría alcanzar hasta 6 grados; momento en que muchos ecosistemas no podrán adaptarse. En su reciente informe, el IPCC señaló que la comunidad científica tiene la misma certeza de que la actividad humana es causante del cambio climático como de que el cigarrillo causa cáncer.

De esta manera, el aumento de la temperatura global ha dejado de ser un problema únicamente de carácter ambiental para convertirse en un problema económico, social y político. Además de ello, el problema ha sobrepasado la esfera de lo gubernamental para llegar a la esfera social, académica y privada. Esto implica que los diversos niveles de gobierno y de la sociedad civil deben colaborar para atender esta amenaza.

En este contexto, las instituciones y el aparato del Estado deben transformarse, renovarse y redefinir los esquemas de operación. Las demandas actuales derivadas del cambio climático requieren de gobiernos abiertos, con capacidad de diálogo y de construcción colectiva, que permita tomar las mejores decisiones en términos de política pública y marco legal para regular las acciones que están ocasionando el problema.

Además, se necesitan decisiones públicas que promuevan más energía renovable, en lugar de a una mayor producción de combustibles fósiles, justamente en el sentido contrario de la actual propuesta de Reforma Energética del Presidente Enrique Nieto, que busca incrementar el consumo de recursos fósiles no convencionales, lo que sin lugar a dudas conllevará más emisiones de GEI.

Un gobierno abierto debe basar sus acciones en tres grandes principios: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación social. Esto con el fin de dar a conocer las acciones que realiza, informar cómo las realiza y así ponerlas a consideración y evaluación de otros actores. No sólo con el fin de ser evaluados, sino principalmente para saber en dónde están las oportunidades y espacios de mejora y, así, motivar áreas de colaboración entre a sociedad y el gobierno en ese sentido.

Las acciones del gobierno en el contexto del cambio climático también deben garantizar la igualdad de género porque las políticas y acciones deben responder a necesidades diferenciadas y también deben basarse en criterios de sustentabilidad, que eviten que las acciones sigan generando externalidades negativas en el ambiente y en la población.

Esta reconfiguración del Estado y nueva forma de gobierno, es lo que muchos autores llaman "la nueva gobernanza", en la que el Estado es un actor importante, pero ya no es el único. El mundo exige hoy una gobernanza ambiental que atienda desde el gobierno -en todos sus niveles- y la sociedad civil -en todos sus sectores- problemas comunes bajo acciones conjuntas para alcanzar un nivel de colaboración frente al cambio climático.