El cambio climático es muy poco equitativo: aunque los países desarrollados son los que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero, son los países del Sur, que solo emiten el 20%, los que sufren las peores consecuencias. Latinoamérica es un ejemplo de ello.
Esta región es, después de África, la que menos emite a nivel internacional. Considerando la contribución per cápita, cualquier ciudadano de un país desarrollado emite el triple de gases de efecto invernadero que uno de Latinoamérica. Sin embargo, es una de las zonas del mundo más vulnerable a los efectos del cambio climático, entre otras cosas porque la mayor parte de su territorio se sitúa en la franja de huracanes y hay muchas zonas costeras y bajas, con elevado riesgo de inundación por el previsible incremento en el nivel del mar.
Conscientes de la situación, los países industrializados han llegado a compromisos en el marco de las convenciones de Naciones Unidas sobre el cambio climático para reducir sus emisiones. Sin embargo, estas medidas son parciales y no garantizan la seguridad climática, ya que no incluyen a los países en desarrollo, en los que el peso de las emisiones de gases de efecto invernadero va en aumento.
La energía es el motor esencial del desarrollo humano y del crecimiento económico. Los países industrializados han alcanzado su nivel de bienestar mediante el uso de combustibles fósiles, responsables del cambio climático. En los países del Sur hay actualmente unos 1.400 millones de personas (un 25% de la población mundial) sin acceso a la energía. La relación entre la falta de energía y la pobreza es muy estrecha. No tener acceso a la energía significa no poder contar con servicios básicos como la salud, educación, comunicaciones ni tener oportunidad de desarrollar actividades productivas para vivir de una manera digna. Es curioso que el acceso de la energía no sea uno de los objetivos del milenio, cuando es esencial para el logro de todos ellos.
Así, la reducción de la pobreza pasa por que toda esta población acceda a la energía. El indudable derecho al desarrollo económico conlleva un riesgo inherente, ya que si se repiten los patrones seguidos por los países industrializados, el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero alcanzaría unos niveles inasumibles. El problema es complejo y su solución pasa, entre otras cosas, porque existan incentivos internacionales más potentes para que el deseable desarrollo humano y económico se base en energías limpias.
Si bien muchos de los países en desarrollo están apostando por este tipo de fuentes energéticas y promoviendo proyectos de gran escala (centrales hidroeléctricas, de biomasa, eólicas, etc.), todavía no hay una voluntad clara para el fomento de las iniciativas de menor tamaño. Y este tipo de proyectos son clave, ya que el 80% de las personas que no tienen acceso a la energía se encuentran en zonas rurales y aisladas. Estamos hablando de comunidades como, por ejemplo, Cerrito de los Morreños, donde viven unas 140 familias en pleno Manglar de Ecuador, a 8 horas en piragua de Guayaquil.
En sitios tan remotos como éste es inviable, tanto técnica como económicamente, llegar con una línea eléctrica, siendo la única alternativa el desarrollo de un proyecto energético pequeña escala. En este contexto, las energías renovables son la mejor alternativa para posibilitar un desarrollo sostenible. En comparación con otras alternativas como el uso de motores, un sistema renovable requiere menos costes de mantenimiento, no genera dependencia de combustibles fósiles y utiliza un recurso inagotable y gratuito.
Una de las barreras al desarrollo de este tipo de proyectos de pequeña escala, es que la planificación energética se suele focalizar en aspectos macroeconómicos, como aumentar la capacidad de generación o distribución de energía, sin que existan planes concretos para facilitar servicios energéticos a las poblaciones más pobres y aisladas. En otras palabras, el acceso de los pobres a la energía no es, hoy por hoy, un aspecto primordial de las políticas. Es vital que surja una clara voluntad política para abordar el problema, de manera que en los países del Sur el sector energético deje de actuar de manera aislada y se incrementen los vínculos entre el acceso a la energía, el logro de metas de desarrollo, la reducción de la pobreza y la protección medioambiental.
Otro de los retos a superar es la dificultad para llevar a cabo con éxito estos proyectos de pequeña escala. Es necesario que estos se desarrollen desde una visión integral, abordándose, además del acceso a la energía, el desarrollo de servicios educativos, sanitarios y el fomento de actividades productivas. A diferencia de los proyectos de mayor escala, donde prevalecen los aspectos técnicos, en los pequeños el peso del componente social es enorme. No basta con llevar la energía, hay que enseñar a utilizarla, superando barreras como la falta de capacitación y de recursos económicos. Y para ello hay que trabajar mano a mano con las comunidades, impulsando su organización, apropiación y aprendizaje y trabajando para la sostenibilidad del los proyectos.
Si bien ha habido numerosas experiencias en este campo, como el Programa Euro-Solar, financiado por la Comisión Europea, que es probablemente el proyecto demostrativo de mayor escala que se ha llevado a cabo, todavía siguen siendo iniciativas dispersas. Gracias a programas como Euro-Solar, nuestra comunidad de Cerrito de los Morreños tiene, por primera vez energía eléctrica renovable basada en placas solares y servicios educativos, sanitarios y de fomento de las actividades productivas.
Sería deseable que en los próximos años aumentase la sensibilización sobre este problema, para que se rompiese el círculo vicioso que relaciona pobreza y energía de una manera sostenible con el medio ambiente.
Nieves Cifuentes (EOI) Fuente: EL PAIS
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