Los gobiernos de los países más industrializados del mundo aportan 27.000 millones de dólares como subsidio a empresas pesqueras que no practican una pesca sostenible. Este dato se ha desvelado tras la publicación de un estudio de la canadiense Universidad de Columbia Británica.

Dos terceras partes del total de las subvenciones las proporcionan países europeos, Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur y Taiwán. Esto se explica al observar que en los estados ricos se consume el triple de pescado que en los menos desarrollados. Tal desproporción en la demanda provoca que estos gobiernos tengan que recurrir a la importación. Para ello las empresas subvencionadas acuden a caladeros extranjeros y obtienen de allí sus recursos porque sus reservas pesqueras se agotaron hace tiempo.

La mayor parte de las financiaciones públicas va a parar a la construcción de barcos, cada vez mejor equipados tecnológicamente, así como al combustible necesario.

Los sectores pesqueros locales no pueden competir con esta pesca industrial, caracterizada por su sistema de arrastre para conseguir capturas masivas de forma rápida.

Los 12 millones de pescadores artesanales ven reducidas sus posibilidades de obtener ingresos. Observan impotentes cómo los poderosos buques extranjeros esquilman sus recursos y poco a poco desaparecen las condiciones que les permitían ganarse la vida.

Las zonas más afectadas por el expolio son África Occidental y el Pacífico Sur, desde Chile y Perú hasta las islas de Oceanía.

En Senegal un 7% de la población se dedica al sector pesquero y algunas ciudades costeras dependen de forma casi exclusiva de la pesca. Esta situación también propicia la escasez de alimento para buena parte de las poblaciones litorales empobrecidas, ya que su sustento principal es el pescado.

A pesar de la lucha por evitar esta sobrexplotación, las multinacionales buscan mecanismos para seguir faenando a sus anchas. El gobierno senegalés suspendió sus acuerdos con la Unión Europea (UE), pero ahora esas multinacionales se han transformado en empresas mixtas, es decir parte de la empresa es local. También se dan maniobras poco transparentes como la concesión de licencias para pescar en áreas protegidas.

Otro caso ilustrativo lo podemos encontrar en Chile. La Fundación Centro de Investigaciones e Informaciones Periodísticas (CIPER) asegura que la reserva de jureles ha descendido un 90% en tan sólo 20 años. Un ritmo inadmisible.

Además de que la actividad extranjera lastra los recursos marinos de la población local y deja poco dinero – entre el 2% y el 6% de las ganancias- en sus países como compensación, en muchos casos el precio pagado va a parar a administraciones corruptas que no invierten en el bien común.

La pesca industrial desecha 15 millones de toneladas de peces, el 50% de sus capturas, mientras que con los métodos tradicionales la cantidad descartada es casi nula. La pesca artesanal emplea 24 veces más trabajadores y contamina 7 veces menos. Además la pesca industrial no sería rentable sin el apoyo financiero de sus gobiernos.

Parece haber suficientes razones para apoyar la pesca tradicional en los países empobrecidos. También para alzarse contra los abusos que cometen las embarcaciones propiedad de instituciones autoras de crímenes sociales y medioambientales que operan impunes al amparo de ambigüedades legislativas y gracias a maniobras ilícitas de obtención de licencias.

La UE se encuentra inmersa en la elaboración de la reforma de su Política de Pesca Común. Propone desautorizar y penalizar aspectos como los descartes, peces que se devuelven muertos al mar por su escaso valor en el mercado, o el sistema de arrastre en los fondos marinos, culpable también de la extracción de plancton y de la consiguiente destrucción de la cadena trófica marina. Pero esta medida de control solo será aplicable al territorio europeo.

Millones de personas se quedarán sin trabajo ni comida. La pesca abusiva devasta el ecosistema marino y extingue de manera progresiva los ejemplares que en él viven. La ONU ya advirtió de que, de seguir así, el planeta se quedará sin peces en el año 2050. Es necesario exigir el fin de las subvenciones a quienes no hagan pesca sostenible y la elaboración de una legislación clara a nivel internacional que garantice una actividad pesquera respetuosa con el medio ambiente y con las personas.