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Poco después, un intenso olor se extendía por Abiyán y miles de vecinos acudían a los hospitales con náuseas, diarrea, vómitos, quemaduras, abortos... 17 murieron, 108.000 resultaron afectados.

Tres años después, Trafigura continúa negando que la carga del Probo Koala fuera la causante del desastre sanitario y medioambiental, y sin embargo el pasado 21 de septiembre, dos semanas antes de que se iniciara un juicio contra ella en Londres, llegó a un acuerdo extrajudicial con el gabinete de abogados Leigh Day and Co., que representa a 31.000 de las víctimas, por el que entregará 1.150 euros a cada una. A cambio, las víctimas aceptan que “expertos independientes no han podido establecer una relación” entre el vertido y las enfermedades, y se comprometen a no lanzar acciones legales contra la empresa. “El contenido del acuerdo no es bueno. Hacer que las víctimas se traguen unas declaraciones tan graves usando el dinero como cebo es inmoral. No entiendo que sigan negando su responsabilidad y a la vez den dinero. Mientras, los residuos siguen en Abiyán envenenando a la gente”, ha declarado a DIAGONAL Denis Yao Pipira, presidente de la Federación de Asociaciones de Víctimas de Residuos Tóxicos de Costa de Marfil, que agrupa a otras 75.000 víctimas. Ya en febrero de 2007, la empresa llegó a un acuerdo similar con el Gobierno de Costa de Marfil: 152 millones de euros para un fondo de compensación y para la descontaminación a cambio de no iniciar acciones judiciales y de poner en libertad a los directivos de la compañía encarcelados.

Filtración de correo interno

Pero la intensa actividad de márketing desarrollada por Trafigura, que niega la alta toxicidad de la materia, ha sido contradicha por los últimos informes y filtraciones. En octubre se publicaba, tras una intensa batalla, el informe Minton, encargado por Trafigura tras el desastre y que la empresa había silenciado durante tres años, según ella, por ser sólo un borrador con información incorrecta.

Lo cierto es que el informe establece que Trafigura “debería haber tratado el material antes de verterlo”, que los elementos que lo componen “son capaces de provocar efectos graves sobre la salud humana a través de la inhalación y la ingestión” y que un vertido de ese tipo “estaría prohibido en un Estado de la UE”. Unas conclusiones similares a las del informe del relator especial de la ONU sobre este caso, publicado en septiembre, que considera que “existe una base sólida para concluir que las muertes y enfermedades estaban ligadas al vertido de residuos tóxicos”. En la misma semana, el diario The Guardian publicaba varios e-mails internos de Trafigura que demuestran que sus directivos conocían la peligrosidad de la carga, y que las leyes prohíben su exportación y vertido. El Convenio de Basilea, ratificado por la UE, prohíbe “la transferencia de sustancias peligrosas entre países ricos y países pobres”.

Ante las nuevas pruebas, Greenpeace ha pedido a la Fiscalía de Holanda, donde en 2010 se juzgará entre otros a Trafigura y a la ciudad de Amsterdam por “transporte ilegal de residuos tóxicos”, que presente cargos criminales contra Trafigura (incluido su presidente, que no ha sido procesado) también por el “vertido deliberado de residuos tóxicos” en Abiyán. “Esperamos que se juzgue a Trafigura por esta injusticia, que se establezca su responsabilidad y se la condene a pagar por este crimen. Esperamos obtener la descontaminación total de los sitios afectados, una protección sanitaria para las víctimas y una indemnización seria, humana, suficiente y aceptable”, concluye Yao Pipira, que anuncia que antes de fin de año piensan lanzar una acción civil en Holanda.

Una mordaza a los medios

En septiembre, el informe Minton llegó a manos de The Guardian, pero Trafigura logró que un tribunal lanzara el 11 de septiembre, al amparo de las férreas leyes antidifamación británicas, un ‘superinterdicto’ urgente, un mandato judicial que prohibía a The Guardian no sólo publicar el informe, sino también informar sobre su existencia y sobre la existencia del interdicto, e incluso cuando el Parlamento supo del tema través de una pregunta parlamentaria, se prohibió a The Guardian informar sobre ello. El periódico denunció entonces en un artículo la existencia de un tema no especificado sobre el que se le impedía informar. La información ocultada, que sí había sido publicada por la Empresa de Radiodifusión Noruega (NRK) y Wikileaks, circuló rápidamente por internet, y la presión de los internautas logró que se levantara el interdicto el 16 de octubre. Trafigura también ha denunciado por difamación a la BBC y ha amenazado a la NRK con tomar acciones legales.