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planta de Celulosa se instaló en el marco del favoritismo del gobierno
al modelo de exportación de materias primas de escaso valor agregado;
de subvencionar las plantaciones forestales exóticas; de proteger la
inversión privada; de no reconocer los derechos históricos de los
pueblos indígenas; y de seguir cerrando los ojos ante la necesidad de
protección del bosque nativo.
La primera piedra la puso el ex Presidente de la República Eduardo Frei
en momentos en que aún la factoría de celulosa CELCO no obtenía la
aprobación ambiental para comenzar a ser construida. Era la segunda
mitad de los '90 y el consejo de ministros que conforman el directorio
de la CONAMA había acogido la solicitud del grupo Angellini de ablandar
las exigencias ambientales a la construcción de este proyecto
industrial de 1.300 millones de dólares que las autoridades de gobierno
veían con beneplácito.
La planta de Celulosa en esta localidad se construía en el marco del
favoritismo de las autoridades al modelo de exportación de materias
primas de escaso valor agregado; de subvencionar las plantaciones
forestales exóticas, de proteger la inversión privada; de no reconocer
los derechos históricos de los pueblos indígenas respecto a los
territorios en que se instalan los monocultivos de pino y eucaliptos; y
de seguir cerrando los ojos ante la necesidad de protección del bosque
nativo.
En tanto los habitantes de la localidad costera de Mehuin, junto a
organizaciones ciudadanas, ecologistas, indígenas y campesinas se
movilizaban exitosamente para impedir que CELCO llevara sus desechos
líquidos a la Bahía Maiquillahue.
La resistencia logró un retrazo en el proyecto de casi cinco años de
acuerdo a lo programado por la empresa, quien debió volver a su idea
original: descargar su residuos industriales al río Cruces, esta vez
con tratamiento terciario. Pero no había transcurrido un mes de
iniciado el funcionamiento, en febrero de 2004, y los ciudadanos de las
comunas cercanas alzaron su voz por los insoportables olores que
provenían de la planta de celulosa.
Las autoridades ambientales y sanitarias iniciaron acciones de
fiscalización ante las reiteradas protestas ciudadanas y se determinó
que los problemas no se reducían solo a malos olores. La planta no
tenía sistema de control, abatimiento y monitoreo de los gases.
Además la empresa había iniciado sus faenas en febrero de 2004 sin
contar siquiera con la recepción municipal de obras, pago de patentes y
autorizaciones sanitarias, infringiendo de manera flagrante la
resolución ambiental del proyecto.
Más aún, la empresa fue sorprendida con ductos adicionales que
descargan residuos industriales líquidos que no fueron incluidos en el
Estudio de Impacto Ambiental, situación que habría provocado la muerte
de cientos de cisnes de cuello negro y de otros animales, peces y
plantas acuáticas, fenómeno que fue demostrado científicamente por un
estudio de la Universidad Austral de Chile, por encargo de la Comisión
Nacional de Medio Ambiente.
Los pasos de CELCO
El 7 de febrero de 1996 el departamento técnico de la COREMA de la
Región de Los Lagos rechazó el informe de estudio de impacto ambiental
del Proyecto Valdivia, presentado por CELCO, para construir una planta
de celulosa a 45 kilómetros al norte de Valdivia, en la localidad de
San José de la Mariquina. El fallo estimaba que el informe carecía de
la información esencial para determinar con certeza la viabilidad
ambiental de la planta de celulosa.
El proyecto pretendía alcanzar una producción de 1.500 toneladas
diarias de celulosa de pino y eucaliptos. Contemplaba una inversión de
US$ 1000 millones de los cuales US$ 75 millones se presupuestaba gastar
en tecnologías de protección ambiental. Entre ellas se consideraba dos
plantas de tratamiento de residuos, una de los primarios y la otra de
los secundarios. En este aspecto, el informe del cuerpo técnico de la
COREMA proponía la instalación de un tratamiento terciario de residuos,
los que serían vertidos en el Río Cruces.
Sin embargo, Alejandro Pérez, gerente general de Celulosa Arauco,
matriz del Proyecto Valdivia, consideraba que estas dos plantas eran
las mejores de América Latina lo cual garantizaba la protección
ambiental del proyecto. En esta perspectiva estimaba que "el
tratamiento terciario es una inversión muy costosa. Requiere
inicialmente de US$ 5 a 10 millones para instalarlo y significaría una
gasto anual por operación de US$ 5 millones".
Las advertencias de los ambientalistas
Los ecologistas estimaban que si se construía la planta de celulosa a
25 kilómetros del río Cruces, donde se localiza el Santuario de la
Naturaleza Carlos Anwandter, única reserva de más de 105 tipos de aves
acuáticas del país, se estaría violando las obligaciones adquiridas al
firmar la Convención Internacional sobre aves acuáticas y zonas
húmedas, conocida como Convención Ramsar.
Algo que "podría dañar seriamente su imagen internacional y el mercado
de la celulosa nacional", ya que había varias organizaciones
ambientales internacionales preocupadas por el Santuario río Cruces y
había en el mundo "un mercado creciente de consumidores con conciencia
ambiental".
Representantes de CODEFF afirmaban que era "una aberración que una
empresa de esa magnitud e intensidad de trabajo y manejo de desechos se
instale cerca de un santuario que tardó 15 años en establecerse y
recuperarse".
En este sentido, consideraban que la planta de celulosa perjudicaba la
sustentabilidad ambiental del santuario de la naturaleza del río
Cruces, un humedal que servía de refugio para aves migratorias.
Otra deficiencia del proyecto era el impacto en el suelo y el aire de
la emanación de 12 toneladas diarias de dióxido de azufre, es decir,
una lluvia ácida que emitiría un incinerador de gases no condensables
que al contacto con las constantes precipitaciones de la zona
contaminaría el bosque nativo, plantaciones, animales y personas que
consumen alimentos de la zona.
Asimismo, los ecologistas cuestionaban el impacto
socio-económico-cultural ya que se estimaba, en pocos meses, un
crecimiento demográfico explosivo de hasta un 21% en la comuna de
Mariquina que podía alterar las relaciones sociales y las costumbres
del lugar.
La movilización histórica de Mehuin
El 30 de mayo de 1996 fue aprobada por la COREMA la planta de celulosa
en Valdivia. Si bien la entidad insistía en la construcción de una
planta de tratamiento terciario, proponía asimismo como opción la
descarga de los desechos a un curso o cuerpo de agua distinto del río
Cruces. Ese mismo día CELCO resolvió construir un ducto hasta el mar
con el objetivo de no evacuar los desechos en el río Cruces.
Ante esta alternativa, que tenía un costo adicional de 40 a 50 millones
de dólares, pero era más económica que una planta de tratamiento
terciario de residuos, un nuevo y activo protagonista se suma a este
conflicto. Más de un millar de habitantes de la caleta de pescadores y
balneario de Mehuín se manifestaron en contra del emisario que la
empresa CELCO proyectaba sacar al mar.
Los pescadores de Mehuín impidieron que los empleados de CELCO
ingresaran a la caleta para hacer sus estudios técnicos para
fundamentar el EIA. Por otra parte, los ecologistas sostenían que los
residuos químicos organoclorados que serían arrojados al mar eran
"compuestos cancerígenos y mutagénicos, escasamente biodegradables. Se
acumulan en los tejidos de los organismos filtradores (machas, almejas,
choritos) y de los peces, y luego pasan al ser humano cuando estos los
consumen. En función de su toxicidad, persistencia y bioacumulación,
encabezan el listado de sustancias altamente nocivas para el medio
marino".
Alejandro Pérez, gerente general de Celulosa Arauco Concepción S.A.,
señalaba que los ambientalistas estaban frenando el desarrollo, pues
los obstáculos que ponían para impedir la realización de los estudios
en Mehuín mantenían paralizado el proyecto.
En contacto con Ecocéanos News, Oscar Muñoz, por ese entonces
representante del Comité de Defensa de Mehuín, dijo que Víctor Renner,
gerente del Proyecto Valdivia, ante la terminante negativa del paso del
ducto por la comuna "empezó a ofrecer pavimento, escuelas, puentes y
otras mejoras para la comunidad, lo que nos molestó bastante porque
entendimos que nos querían comprar".
Recordó que "esto significaba la muerte del pueblo, la pérdida de la
fuente laboral. Desde un inicio dijimos que CELCO no era confiable".
El dirigente social agregó que actualmente "mucha gente está sufriendo
una psicosis ante la posibilidad que CELCO intente nuevamente instalar
un ducto submarino en la comuna. Ahora es más peligroso aún porque la
empresa está repartiendo dinero a través de la Municipalidad de San
José de la Mariquina. Hace pocas semanas el propio al alcalde Erwin
Pacheco, cuando intentamos firmar un acta de rechazo a esta idea,
admitió públicamente esta situación, por lo que suspendimos todo
trabajo comunitario con la municipalidad. Nosotros somos gente pobre,
pero tenemos nuestra dignidad".
En agosto de 1998 ecologistas, pescadores y organizaciones sociales
consiguieron sus propósitos de una alternativa al ducto en Mehuín. La
COREMA de la X Región solicitó a CELCO un nuevo estudio sobre la planta
Valdivia, pues el organismo consideró necesario evaluar el vertido de
efluentes industriales al río Cruces, para resolver de mejor forma el
tema.
Posteriormente, el organismo aprobaba la planta de celulosa en
Valdivia, debiendo la empresa aplicar tratamiento terciario a los
residuos líquidos generados por la planta, además de hacerse cargo de
todos los efectos ambientales relevantes.
Las autoridades cercanas a la industria
Un activo defensor del proyecto fue el entonces Intendente de la Región
de los Lagos, Rabindranath Quinteros, quien convocó a una reunión a los
pescadores de Mehuín en la que intentó persuadirlos que al menos
permitan el trabajo de los ambientalistas que debían evaluar el impacto
en el ecosistema. Sin embargo, los representantes del Comité de Defensa
de Mehuín nunca permitieron que se realicen los estudios, ni menos la
construcción del ducto, "aunque este reciba cualquier tipo de
tratamiento".
A juicio de CELCO la gente tenía "que convencerse y creer en la
autoridad, que toma decisiones pensando en el bien común. Además, es
una comunidad que no tiene los conocimientos técnicos para pronunciarse
sobre el punto del conflicto".
Un punto de vista similar sostenía un tiempo después el Senador de la
zona Gabriel Valdés quien señalaba que "a mi juicio no tienen derecho a
decir eso porque no saben el impacto que causa este tipo de planta de
celulosa (que) es aceptado en Canadá y Suecia". Asimismo afirmaba que
el proyecto "significa una verdadera explosión de desarrollo para
Valdivia."
En contacto con Ecocéanos News, Vladimir Riesco, abogado de Acción por
los Cisnes, recuerda haberse reunido con director de la Corema X
Región, Raúl Arteaga, quien "nos señaló que no tenía piso político para
resolver el problema y que debíamos recurrir al encargado del
departamento de EIA de la CONAMA, Juan Pablo Daud Miranda, ingeniero
que posteriormente dejó el organismo público y actualmente trabaja en
Arcadis Geotécnica, entidad consultora de CELCO".
La socióloga Claudia Sepúlveda, vocera de Acción por los Cisnes, dijo a
Ecocéanos News que "tras la pelea ganada por Mehin, las organizaciones
de Valdivia que se habían opuesto al proyecto no reaccionaron hasta que
la planta empezó a operar y empezó la seguidilla de denuncias por los
malos olores, por lo que se aplicó varias multas. La planta debió
cerrar temporalmente por orden del municipio por el no pago de
patentes, e incluso antes en el proceso de construcción fue multada por
ruidos molestos".
Sepúlveda recordó que "hubo muchas denuncias respecto al daño a la
salud de población que ocasionaba la planta. De hecho, el ex concejal
de la comuna de San José de la Mariquina, el doctor Juan Ramón Silva,
quien fue uno de los ciudadanos que encabezó las marchas y protestas
por el cierre de la planta, falleció por esta causa. El Servicio de
Salud Valdivia nunca consideró los antecedentes médicos. Ha habido una
actuación súper débil por parte de las autoridades.
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Escrito por Invitado el 2005-06-11 02:07:09
el nuevo y "progresista" gobierno uruguayo. |
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