Transgénicos: ¿seguridad alimentaria o beneficio empresarial?

La Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma concluía con una clara apuesta por la biotecnología: "Estamos resueltos -decía la declaración final- a estudiar, compartir y facilitar el uso responsable de la biotecnología con miras a hacer frente a las necesidades de desarrollo".

Pero, ese "uso responsable" se había puesto en entredicho en el transcurso de la Cumbre. Las delegaciones de distintas ONG sacaron a relucir la presencia de alimentos transgénicos prohibidos en los envíos de ayuda humanitaria a América Latina. Un informe del Instituto Genetic ID, un laboratorio independiente de Iowa (EEUU), confirmó la presencia de distintas variedades de maíz modificado genéticamente, considerado no apto para el consumo humano, entre la ayuda distribuida por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Agencia Internacional Estadounidense para el Desarrollo (USAID) en Bolivia, Guatemala y Nicaragua.

Las contradicciones entre ambos sucesos, pueden servir para ilustrar el intenso debate generado en todo el mundo en torno a los Organismos Modificados Genéticamente (OMG). En los últimos años, se ha forjado el mito de los cultivos transgénicos: mayor rendimiento, aumento de resistencia a enfermedades y condiciones ambientales, incorporación de valores nutritivos adicionales... Propiedades que, con la generalización de este tipo de cultivos, solucionarían el problema del hambre en el mundo.

Sin embargo, y al margen del vértigo colectivo que suelen provocar este tipo de descubrimientos científicos, experiencias recientes demuestran que la gravedad de las consecuencias que pueden acarrear los cultivos transgénicos, según su concepción actual, eclipsa ampliamente sus supuestas bondades, a la vez que ponen de manifiesto sus limitaciones a la hora de solucionar el problema del hambre en el mundo.

Sirva de ejemplo el caso mencionado de la presencia de transgénicos prohibidos en la ayuda humanitaria. Entre los productos encontrados en Bolivia figuraba el maíz "Starlink", que había sido protagonista en el año 2000 del mayor escándalo conocido en Estados Unidos relacionado con los OMG. Esta variedad del maíz, fue encontrada en tacos manufacturados por Kraft, a raíz de una investigación realizada por Amigos de la Tierra y la Coalición de Alerta de Alimentos Modificados Genéticamente. El maíz "Starlink", según había estipulado la Agencia Ambiental Estadounidense (EPA), no era apto para el consumo humano por contener características de alergénicos conocidos.

A nadie se le escapa a estas alturas que los países del Norte son proclives a utilizar a los del Sur como banco de pruebas, cuando no como simple vertedero. Pero, este caso podría constituir también un ejemplo de las funestas consecuencias de la contaminación genética. Los OMG, como seres vivos que son, pueden transmitir sus trasgenes a otros organismos, desde cultivos convencionales hasta plantas o animales silvestres. Un estudio reciente realizado en Estados Unidos sobre veinte productos que se comercializaban como libres de ingredientes transgénicos, reveló que once de ellos tenían trazas de dichos ingredientes, y cinco los contenían en cantidades significativas.

No se puede descartar que algo parecido haya sucedido en el caso de la ayuda humanitaria. Lo que significa además, tras afirmar los organismos implicados (PMA y USAID) que sus programas de ayuda no incluyen transgénicos, que la falta de mecanismos de regulación y control de los OMG pueden suponer una grave amenaza para la biodiversidad, al poner en peligro las especies autóctonas, y también, como en el caso que nos ocupa, para la salud pública.

¿Acaso lo que se presenta como una garantía para la "seguridad alimentaria" del planeta terminará generando más inseguridad? Entre los riesgos para la salud que pueden entrañar los alimentos transgénicos figura la aparición de nuevas alergias o de resistencias a los antibióticos. Como norma general, ¿quién se encarga de controlar estos alimentos? Esta responsabilidad recae habitualmente sobre la propia empresa de biotecnología, que se encarga de valorar, a través de estudios científicos de inocuidad, la seguridad de sus propios productos. No se exige, en ningún momento, la realización de estudios independientes. Nuestra salud queda en manos de las empresas.

La necesidad de amortizar los abultados costos que suponen las investigaciones genéticas ha precipitado, fruto de la presión de las grandes corporaciones que las financian para adueñarse de las patentes, la introducción de los OMG antes de que se hayan calibrado sus efectos sobre los ecosistemas y la salud pública a medio y largo plazo. Hoy todavía, los riesgos potenciales que se asocian a la ingeniería genética no compensan los difícilmente apreciables beneficios para agricultores y consumidores. Sí, en cambio, representa un fructífero campo de acción para las grandes multinacionales y sus más que dudosas intenciones de acabar con el hambre en el mundo.

La empresa Monsanto comercializa el 86% de las semillas transgénicas en el mundo, con ventas anuales netas por valor de más de 5.000 millones de dólares. El precio de esas semillas es superior al de las convencionales y su cultivo se encarece aun más con el pago de la licencia de la patente. Los preciados frutos van acompañados además, según advierte Greenpeace, de contratos con cláusulas leoninas: Monsanto exige por contrato que los agricultores que cultiven su soja RRS se comprometan a no utilizar otro herbicida que no sea el aconsejado por la multinacional, no intercambiar ni quedarse con parte de las semillas, permitir la entrada de inspectores de la empresa y estar sujetos a un sistema de multas por incumplimiento de lo acordado. Sucede entonces, como ya aconteciera con la denominada "revolución verde", que los pequeños agricultores de quienes todavía depende la alimentación de 1500 millones de personas, no pueden afrontar los elevados costes derivados del pago de las semillas anualmente y sus correspondientes agroquímicos. Al no poder competir en igualdad de condiciones podrían terminar perdiendo su tierra y con ella el único sustento de la familia, lo que terminaría agravando el problema del hambre en el mundo.

En definitiva, en torno a los OMG confluyen algunos de los debates más relevantes de este comienzo de siglo: incrementar la producción de alimentos o apostar por su redistribución; promover el acceso a los avances de la ciencia o patentarlos (ponerlos al servicio de la humanidad o de las empresas); desarrollo sostenible o inhumano; seguridad alimentaria o beneficio inmediato. Afrontar o eludir la responsabilidad política: amparar a la ciudadanía o dejarla a merced de los intereses empresariales.