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El patrimonio natural africano corre serio
peligro. La conservación de especies y parajes únicos
en el mundo se ve seriamente amenazada por la caza furtiva,
la degradación de la tierra, la pérdida de hábitat
y, la falta de inversiones y de planificación. La situación
exige una rápida respuesta, pero los gobiernos tienen
otras prioridades que atender en África. Una compañía
privada se ha ofrecido a gestionar la riqueza más preciada
que atesora el continente, su vida salvaje.
Paul van Vlissingen, conservacionista y multimillonario
holandés, se entrevistó con Nelson Mandela en
1998 para expresarle su preocupación por el estado
en que se encontraban muchos parques naturales africanos.
El histórico líder de la lucha contra el apartheid
le explicó al neerlandés que en África,
después de invertir en educación, servicios
sociales y la lucha contra el SIDA/VIH, quedan pocos recursos
para proteger la naturaleza. Van Vlissingen le propuso traspasar
a manos privadas la gestión de las reservas naturales
surafricanas.
Con el visto bueno del ex-presidente de Suráfrica
puso en marcha un proyecto piloto en el año 2001. Adquirió
16 granjas abandonadas en los límites del Parque Nacional
de Mara-kele, previo pago de 25 millones de dólares.
Reconvirtió las granjas en áreas salvajes en
las que introdujo diversas especies para caza mayor. Derribó
las barreras que le separaban del parque y negoció
un contrato de Ecoturismo. En virtud del acuerdo SANParks,
el organismo público que se encarga de la protección
de los parques en Suráfrica, conservó una opción
de compra sobre estas 22.000 hectáreas durante 30 años.
Su “exitosa”, según el holandés,
experiencia surafricana le ha animado ahora a extender su
proyecto al resto del continente. Para ello ha creado una
empresa, la African Parks Management and Finance Company,
de la que participarán recursos públicos y privados.
“El estado – ha explicado a la cadena BBC- podría
aportar expertos, científicos, animales de otros parques
naturales y tierra. Yo aportaría expertos en gestión,
y el mando para llevarlo adelante.” Sam Robson, presidente
del imperio Walmart ha invertido en el proyecto. El Departamento
de Estado norteamericano y el príncipe Bernhard de
Holanda también se han mostrado interesados. El propio
Van Vlissingen ha presentado su plan al Banco Mundial.
African Parks ha firmado un contrato por
25 años para ocuparse de la reserva estatal de Majete,
en Malawi, y negocia nuevos contratos en Mozambique, Uganda
y Kenia. En Zambia ha llegado a un acuerdo para hacerse cargo
de dos parques, Sioma Ngwezi y Liuwa Plains. La firma, de
momento, es sólo por un año después de
que varios diputados regionales denunciaran el acuerdo inicial
previsto para 20 años. No estaban dispuestos a que
ninguna compañía ostentara “derechos absolutos”
sobre los recursos naturales, a menos que su propiedad perteneciera
a las comunidades locales al 100%. El Gobierno central les
acusó de bloquear unas inversiones que podrían
crear puestos de trabajo y aumentar la atracción turística
de la zona.
El controvertido plan de Van Vlissingen ha
desatado un debate en todo el continente. El turismo es una
fuente de riqueza muy importante para los países africanos,
por lo general, muy necesitados de divisa extranjera. La mayor
o menor afluencia de turistas depende en buena medida de la
conservación de los parques y muchos estados parecen
estar dispuestos a dejar esta responsabilidad en manos privadas.
Una medida que no encuentra una buena acogida entre las comunidades
locales limítrofes.
Es habitual que los parques en situación
de abandono estén ubicados en las regiones más
deprimidas de sus respectivos países. Lo normal es
que quienes habitan estas áreas no hayan disfrutado
jamás de los ingresos que genera el turismo. Para ellos
los animales salvajes a menudo no son más que una fuente
añadida de problemas. Cualquier día un elefante
puede destrozar sus cultivos y para proteger el sustento de
sus familias se ven obligados en ocasiones a disparar contra
especies protegidas. Las autoridades tratan de evitarlo, pero
no hay elecciones posibles cuando se trata de una cuestión
de supervivencia.
El auge de la industria turística
y el crecimiento de la población ahondan en el conflicto
entre las comunidades locales y los animales salvajes. El
celo conservacionista que exhiben algunos estados despierta
resquemor a nivel local. Parecen más preocupados por
proteger la vida salvaje que la vida de sus propios ciudadanos.
Esa sensación se acrecienta al comprobar que la protección
de la naturaleza pasa a un segundo plano cuando el que dispara
tiene el bolsillo lleno de dólares.
La caza controlada deja importantes beneficios
en las arcas públicas africanas. Un dinero que en principio
va destinado a la conservación de los ecosistemas y
la vida salvaje. El año pasado, 9.000 turistas extranjeros
cazaron 34.000 animales en Sudáfrica. Más de
100 millones de dólares pasaron a engrosar las cuentas
del estado. Por el mismo concepto y en el mismo periodo de
tiempo, Zimbabue ingresó 30 millones de dólares
y Tanzania casi 10 millones.
Para conciliar los intereses del Estado y
los de las comunidades locales, la solución, aseguran
los expertos, pasaría por integrar a estas últimas
en el negocio turístico. Así lo contempla el
plan de Van Vlissingen, pero resulta complicado convencer
a sus potenciales beneficiarios.
No es la primera vez que un blanco llega
a África con un saco lleno de promesas. En el subconsciente
colectivo africano todavía permanecen gravadas las
cicatrices de anteriores visitas. Sería aventurado
poner en duda las buenas intenciones del multimillonario holandés,
pero existen soluciones alternativas a su plan que no suponen
hipotecar el patrimonio natural africano, ni aplicar la lógica
empresarial de máximo beneficio a la protección
de la naturaleza. Swazilandia es un ejemplo. Allí,
en aquellos parques en los que los miembros de la comunidad
son sus propietarios el nivel de vida ha experimentado una
notable mejora.
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