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El pasado 25 de agosto, una corte de apelaciones
federal de Estados Unidos rechazó un fallo por daños
punitivos en contra de la empresa Exxon Mobil Corp por el
accidente del petrolero Exxon Valdez. Esto significa que de
la multa inicial que tenía que pagar la empresa (5.000
millones de dólares) sólo va a tener que pagar
una fracción, si es que llega en algún momento
a abonar alguna cantidad.
El fallo se basa en una ley estadounidense
que indica que no se puede pagar una multa mayor que los daños
reales. Los tribunales han cifrado el daño real en
287 millones de dólares, una cifra irrisoria. Pero
es que Exxon lo ha cifrado en 25 millones de dólares
lo que ha despertado la indignación de la comunidad
científica y de los principales afectados por el accidente.
Lo que fue una multa ejemplar ha pasado a ser una broma.
El 24 de marzo de 1989 el petrolero Exxon
Valdez encalló en la bahía de Prince William
(Alaska) vertiendo al mar más de 40.000 toneladas de
petróleo. Algunas cifras giran en torno a 2.000 los
kilómetros de costa afectados y el impacto medioambiental
fue incalculable. La empresa propietaria del barco, Exxon
Mobil Corp, fue obligada a pagar una multa sin igual: 5.000
millones de dólares. Catorce años después
aún no se ha abonado ni un solo céntimo y todo
apunta a que seguirá así.
El accidente del Exxon arruinó la
pesca, la caza y atacó de forma mortal a gran parte
de la flora autóctona, mientras que el valor de los
bienes inmuebles de los habitantes de la zona se redujo hasta
casi llegar a cero. A día de hoy perduran los estudios
para averiguar el impacto sobre los animales. Por sus ciclos
reproductivos, no se pudo saber en el momento cómo
les afectó el accidente. El arenque del Pacífico,
por ejemplo, está en clara decadencia y casi se le
da por perdido.
Fue la primera vez que se responsabilizó
a una compañía por contaminación de hidrocarburos
en el mar, pero todo cambió en el año 2002:
la multa inicial a Exxon se redujo mil millones de dólares.
Los argumentos empleados por la empresa fueron que ya había
invertido una gran cantidad de dinero en la zona afectada:
2.200 millones de dólares en las tareas de limpieza
y más de 300 destinados a 11.000 personas y empresas
como indemnización. Exxon no barajó en ningún
momento la idea de que esos gastos tenían que ser obligatorios,
debían correr por su cuenta ya que fue la empresa responsable
del accidente. Además, una vez demostrado que el estado
del barco no era el adecuado, siguió navegando bajo
el nombre de Sea River Mediterranean hasta que la empresa
Sea River Martine, subsidaria de Exxon, lo jubiló.
Esta reducción dio ánimos renovados a Exxon
y siguió adelante con nuevas apelaciones y recursos.
El problema es que con estas decisiones se
sienta un precedente muy peligroso. En primer lugar, han pasado
catorce años desde el accidente, demasiado tiempo para
que no haya una sentencia definitiva. Aparte, muchas empresas
petroleras van a tener el caso del Exxon Valdez como ejemplo
de lo que deben realizar para no abonar las sanciones. Cuando
alguien se equivoca, tiene que pagar las consecuencias. La
multa de 5.000 millones de dólares era la mejor forma
de reducir el número de estos accidentes ya que podían
desaparecer de las aguas los petroleros monocasco o los barcos
de bandera de conveniencia. Así, al reducir la cuantía,
no se consigue nada y pone en entredicho la justicia ya que
defiende a los infractores.
El medio ambiente, en los últimos
años de desarrollo económico explosivo, ha pasado
a ser el mero escenario donde se desarrollan todo tipo de
actividades. Se cambia cuando no es adecuado para la construcción
de una carretera; se expolia cuando produce beneficios. Y
si por error se le daña, no pasa nada. ¿Para
cuándo un organismo internacional con una legislación
eficaz y con sentencias adaptadas a la gravedad de los atentados
ambientales?
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