El 4 de enero de 1993, cuando era secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray prometió que el Riachuelo estaría limpio en mil días. Ya pasaron 3.600 y varias promesas más, pero el paisaje sigue inalterado. El único cambio palpable en la situación es una consecuencia no prevista de la crisis. La recesión provocó que muchas de las 3.036 industrias radicadas a la vera del Riachuelo —relevadas entre 1996 y 1997— cerraran sus puertas. El efecto mas evidente es que, según Aguas Argentinas, disminuyó la contaminación por residuos industriales.

Sin embargo, al mismo tiempo aumentó la otra fuente principal de contaminación: basura y desechos cloacales. Esto se debe a que creció mucho la cantidad de asentamientos precarios y la superpoblación de los existentes, los que arrojan sus desperdicios al Riachuelo.

La población de la cuenca Matanza-Riachuelo es de 4.884.823 personas: el 13,5% de la Argentina. El 64% se concentra en Buenos Aires y en los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, La Matanza, Lanús y Lomas de Zamora. Medio millón de estas personas viven en villas de emergencia, 13 de las cuales se ubican en el curso inferior del Riachuelo.

El 55% de la población de la cuenca carece de cloacas y el 35% no tiene agua potable. Los ríos de la cuenca reciben 368.000 metros cúbicos de aguas residuales domésticas por día y sólo el 5% recibe tratamiento sanitario previo. Estos datos explican que una de las razones centrales de la contaminación reside en la falta de servicios cloacales. Esto, además de provocar daños al ecosistema del Riachuelo, trae enormes perjuicios para la población afectada. Por eso una prioridad debe ser extender el servicio a todos los sectores.

Las cifras de la otra causa de contaminación, la industrial, son elocuentes: los cursos de agua reciben 88.500 metros cúbicos de desechos industriales por día, mientras que se calcula que son unas 100 las empresas responsables del 83% de la contaminación del agua de origen industrial.

Esto exige un compromiso fuerte de las autoridades públicas en sus distintas jurisdicciones de competencia (nacional, provincial y municipal), para efectuar controles efectivos que impidan la depredación abusiva del medioambiente.