Diversas y autorizadas fuentes coinciden en señalar que, en nuestro país, la caza furtiva o ilegal está aumentando aceleradamente. En algunos casos, es impulsada por el creciente problema del hambre que sufren los habitantes de ciertas zonas rurales. En otros, obedece a la falta de recursos adecuados para establecer un sistema de vigilancia y control, lo cual estimula la actividad ilegal.

También cabe citar otro factor gravitante: la corrupción de algunos funcionarios administrativos y judiciales de varias provincias. Esos agentes públicos, con el velado argumento de que la caza furtiva es un mal menor, se muestran tolerantes con esa actividad ilegal a cambio de dinero o influencias. El resultado es que la caza, que podría ser una actividad generadora de fuentes de trabajo si estuviera bien controlada, está poniendo en peligro los recursos que intenta explotar.

Muchos cazadores aprovechan la falta de control para infringir la ley. Ante esa realidad, los cazadores deportivos deberían extremar sus esfuerzos para diferenciarse de los furtivos. De este modo se aprovecharía con eficiencia una herramienta de conservación, generadora de recursos, como es la caza deportiva.

A veces, desde el propio Estado se estimula la actividad ilegal en evidente contradicción con disposiciones o principios legales de nivel superior. En la provincia de Formosa, por ejemplo, recientemente se ha dado a conocer una norma que permite la caza de fauna silvestre en todo el territorio provincial, aunque otorgando esa libertad exclusivamente a las comunidades aborígenes. Aún si se considerara que esta medida puede aportar una solución al problema del hambre, la norma seguiría siendo injusta, por la discriminación que hace en favor de un sector de la población respecto de otros. Valdría preguntarse, por ejemplo, si acaso no hay formoseños de otras procedencias culturales con necesidades básicas insatisfechas. Obviamente, el hambre no alcanza a explicar el motivo central de la resolución gubernamental, que atenta contra diversas leyes provinciales y nacionales.

En el mundo, la caza furtiva y el tráfico de animales movilizan anualmente unos 20 mil millones de dólares, en una actividad penada por la ley que sólo es superada por el narcotráfico y la venta ilegal de armas. Y la Argentina no está quedándose atrás en las estadísticas. La liberación prácticamente indiscriminada de permisos de caza, como los que se pueden generar en Formosa, tienden a estimular la caza furtiva como negocio, mucho más que como herramienta para enfrentar el problema del hambre. La caza furtiva pone en peligro no sólo el futuro de las especies afectadas, sino a las ya muy debilitadas economías regionales.

El director técnico de River Plate, Ramón Díaz, afronta en estos días, justamente, la perspectiva de una condena penal por haber matado animales dentro del Parque Nacional Talampaya, situado en la provincia de La Rioja y declarado parte del Patrimonio Mundial por la Unesco. Díaz fue sorprendido por una patrulla conjunta de guardaparques y de gendarmes cuando se encontraba cazando liebres y perdices con un arma calibre 22.

Las autoridades de las provincias y del Estado federal deben tomar estos temas con seriedad y responsabilidad. Si se trata de recomponer la imagen de la Argentina, no será a través de medidas que estimulan el descontrol, sino consolidando el respeto por la ley.