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Diversas y autorizadas
fuentes coinciden en señalar
que, en nuestro país, la caza
furtiva o ilegal está aumentando
aceleradamente. En algunos casos,
es impulsada por el creciente problema
del hambre que sufren los habitantes
de ciertas zonas rurales. En otros,
obedece a la falta de recursos adecuados
para establecer un sistema de vigilancia
y control, lo cual estimula la actividad
ilegal.
También cabe
citar otro factor gravitante: la corrupción
de algunos funcionarios administrativos
y judiciales de varias provincias.
Esos agentes públicos, con
el velado argumento de que la caza
furtiva es un mal menor, se muestran
tolerantes con esa actividad ilegal
a cambio de dinero o influencias.
El resultado es que la caza, que podría
ser una actividad generadora de fuentes
de trabajo si estuviera bien controlada,
está poniendo en peligro los
recursos que intenta explotar.
Muchos cazadores
aprovechan la falta de control para
infringir la ley. Ante esa realidad,
los cazadores deportivos deberían
extremar sus esfuerzos para diferenciarse
de los furtivos. De este modo se aprovecharía
con eficiencia una herramienta de
conservación, generadora de
recursos, como es la caza deportiva.
A veces, desde el
propio Estado se estimula la actividad
ilegal en evidente contradicción
con disposiciones o principios legales
de nivel superior. En la provincia
de Formosa, por ejemplo, recientemente
se ha dado a conocer una norma que
permite la caza de fauna silvestre
en todo el territorio provincial,
aunque otorgando esa libertad exclusivamente
a las comunidades aborígenes.
Aún si se considerara que esta
medida puede aportar una solución
al problema del hambre, la norma seguiría
siendo injusta, por la discriminación
que hace en favor de un sector de
la población respecto de otros.
Valdría preguntarse, por ejemplo,
si acaso no hay formoseños
de otras procedencias culturales con
necesidades básicas insatisfechas.
Obviamente, el hambre no alcanza a
explicar el motivo central de la resolución
gubernamental, que atenta contra diversas
leyes provinciales y nacionales.
En el mundo, la
caza furtiva y el tráfico de
animales movilizan anualmente unos
20 mil millones de dólares,
en una actividad penada por la ley
que sólo es superada por el
narcotráfico y la venta ilegal
de armas. Y la Argentina no está
quedándose atrás en
las estadísticas. La liberación
prácticamente indiscriminada
de permisos de caza, como los que
se pueden generar en Formosa, tienden
a estimular la caza furtiva como negocio,
mucho más que como herramienta
para enfrentar el problema del hambre.
La caza furtiva pone en peligro no
sólo el futuro de las especies
afectadas, sino a las ya muy debilitadas
economías regionales.
El director técnico
de River Plate, Ramón Díaz,
afronta en estos días, justamente,
la perspectiva de una condena penal
por haber matado animales dentro del
Parque Nacional Talampaya, situado
en la provincia de La Rioja y declarado
parte del Patrimonio Mundial por la
Unesco. Díaz fue sorprendido
por una patrulla conjunta de guardaparques
y de gendarmes cuando se encontraba
cazando liebres y perdices con un
arma calibre 22.
Las autoridades
de las provincias y del Estado federal
deben tomar estos temas con seriedad
y responsabilidad. Si se trata de
recomponer la imagen de la Argentina,
no será a través de
medidas que estimulan el descontrol,
sino consolidando el respeto por la
ley.
Editorial Diario La
Nación - 21 de junio de 2002
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