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Los temas ambientales
merecieron siempre la atención
preferente de esta columna editorial
en función del convencimiento
de su decisiva importancia para el
diseño de las políticas
nacionales e internacionales. Pero
sucede que las numerosas normas que
reflejan preocupación al respecto
suelen hallar renuencias en cuanto
a su aplicación. Muchas veces
existen disposiciones correctas, pero
no se cumplen, generalmente por escaso
respaldo social y falta de voluntad
política. En medio de ese clima
poco auspicioso desarrolla su acción
la Red Internacional para la Aplicación
y el Cumplimiento de la Normativa
Ambiental, que desde 1989 trabaja
en la organización de encuentros
y en el trazado de programas de apoyo
de alcance regional.
En igual sentido,
tuvo singular relevancia la reciente
realización de la primera Conferencia
Internacional sobre Aplicación
y Cumplimiento de la Normativa Ambiental
en América Latina, resultado
de un esfuerzo novedoso impulsado
desde la sociedad civil. Celebrada
por iniciativa conjunta de la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
y del Instituto del Banco Mundial,
con la colaboración del gobierno
holandés, sus deliberaciones
constituyeron un significativo hito
en el camino hacia la construcción
de sistemas adecuados para aplicar
la legislación ambiental en
América latina, objetivo que
ojalá encuentre eco en las
decisiones de las autoridades y en
el consenso social.
Se habló
allí de conformar un ámbito
de análisis, discusión
e intercambio de experiencias. Participaron
especialistas, funcionarios, legisladores,
jueces, fiscales, estudiosos y representantes
del sector privado y de organizaciones
no gubernamentales de la Argentina,
Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay,
Perú, Colombia, México
y la República Dominicana.
Se analizaron, en
especial, los aspectos institucionales
y el modo en que los diversos niveles
de gobierno deben ejercer el poder
de policía ambiental. Se pidieron
disposiciones cumplibles, con una
elaboración técnicamente
sólida y acompañadas
en su formulación por la sociedad
en su conjunto. Este aspecto se indicó
como crucial para instaurar definitivamente
el derecho ambiental y hacerlo parte
de las decisiones comunitarias. Hubo
un profundo intercambio de opiniones
acerca de cómo los poderes
ejecutivo y judicial pueden fortalecer
sus mecanismos de control y seguimiento,
y también se encararon pormenorizadamente
los incentivos económicos y
la complementación regional
para una mejor aplicación de
la normativa vigente.
Esfuerzos de este
tipo contribuirán, sin lugar
a dudas, a promover un cambio de los
patrones culturales que, en el caso
de la Argentina, traban ostensiblemente
el afianzamiento público de
las inquietudes ambientalistas, lo
que se ve agravado por la extendida
carencia de respeto al principio de
legalidad. Es de desear que esa contribución
hecha desde la sociedad civil tenga
la merecida repercusión e influya
en el logro del desarrollo sustentable
que permita hermanar los criterios
de preservación ambiental con
los imperiosos requerimientos sociales
y económicos que plantea para
sí y para el futuro la presente
generación.
Editorial diario "La
Nación" - 7 de junio de
2002
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