Los temas ambientales merecieron siempre la atención preferente de esta columna editorial en función del convencimiento de su decisiva importancia para el diseño de las políticas nacionales e internacionales. Pero sucede que las numerosas normas que reflejan preocupación al respecto suelen hallar renuencias en cuanto a su aplicación. Muchas veces existen disposiciones correctas, pero no se cumplen, generalmente por escaso respaldo social y falta de voluntad política. En medio de ese clima poco auspicioso desarrolla su acción la Red Internacional para la Aplicación y el Cumplimiento de la Normativa Ambiental, que desde 1989 trabaja en la organización de encuentros y en el trazado de programas de apoyo de alcance regional.

En igual sentido, tuvo singular relevancia la reciente realización de la primera Conferencia Internacional sobre Aplicación y Cumplimiento de la Normativa Ambiental en América Latina, resultado de un esfuerzo novedoso impulsado desde la sociedad civil. Celebrada por iniciativa conjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y del Instituto del Banco Mundial, con la colaboración del gobierno holandés, sus deliberaciones constituyeron un significativo hito en el camino hacia la construcción de sistemas adecuados para aplicar la legislación ambiental en América latina, objetivo que ojalá encuentre eco en las decisiones de las autoridades y en el consenso social.

Se habló allí de conformar un ámbito de análisis, discusión e intercambio de experiencias. Participaron especialistas, funcionarios, legisladores, jueces, fiscales, estudiosos y representantes del sector privado y de organizaciones no gubernamentales de la Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia, México y la República Dominicana.

Se analizaron, en especial, los aspectos institucionales y el modo en que los diversos niveles de gobierno deben ejercer el poder de policía ambiental. Se pidieron disposiciones cumplibles, con una elaboración técnicamente sólida y acompañadas en su formulación por la sociedad en su conjunto. Este aspecto se indicó como crucial para instaurar definitivamente el derecho ambiental y hacerlo parte de las decisiones comunitarias. Hubo un profundo intercambio de opiniones acerca de cómo los poderes ejecutivo y judicial pueden fortalecer sus mecanismos de control y seguimiento, y también se encararon pormenorizadamente los incentivos económicos y la complementación regional para una mejor aplicación de la normativa vigente.

Esfuerzos de este tipo contribuirán, sin lugar a dudas, a promover un cambio de los patrones culturales que, en el caso de la Argentina, traban ostensiblemente el afianzamiento público de las inquietudes ambientalistas, lo que se ve agravado por la extendida carencia de respeto al principio de legalidad. Es de desear que esa contribución hecha desde la sociedad civil tenga la merecida repercusión e influya en el logro del desarrollo sustentable que permita hermanar los criterios de preservación ambiental con los imperiosos requerimientos sociales y económicos que plantea para sí y para el futuro la presente generación.