A juicio de indígenas, ecologistas y miembros de organizaciones no
gubernamentales, las grandes centrales hidroeléctricas, los gasoductos
y las autopistas --un paquete de más de 300 megaproyectos que es la
base de la Comunidad Sudamericana de Naciones--, entrañan impactos
sociales y ambientales y no contribuyen a integrar los pueblos.
Durante la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana, que comenzó el
viernes por la noche y finalizó este sábado en la central ciudad
boliviana de Cochabamba, los delegados de los 12 países miembros
aceptaron reunirse con movimientos civiles en la Cumbre Social para la
Integración de los Pueblos.
Pero asistieron a ese encuentro paralelo, que también se celebra hasta
este sábado en la misma ciudad, para reafirmar que seguirán adelante
con la polémica Iniciativa de Integración de la Infraestructura de la
Región Sudamericana (Iirsa).
El jueves, el secretario general (viceministro) de Relaciones
Exteriores de Brasil, Samuel Pinheiro-Guimaraes, ya había alertado a
los movimientos sociales, con los que mantiene siempre buen diálogo,
que la integración física de América del Sur no se detendrá.
"El progreso tecnológico y científico que vemos en el mundo entero
impulsa todas las áreas, desde la economía hasta la guerra. Necesitamos
constituirnos en un bloque para hacer frente a esa realidad, y la
conexión física del continente es imprescindible", afirmó.
"Trabajo en la Iirsa desde 2002 y he visto algunos cambios en su
concepción, que aparecen a medida que realizamos diálogos como éste con
los movimientos sociales", sostuvo Ariel Pares, quien coordina la
participación brasileña en la Iniciativa desde el Ministerio de
Planeamiento de ese país.
Al hablar junto a altos funcionarios de la Corporación Andina de
Fomento (CAF) y del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Viviendas
de Bolivia, Pares fue enfático.
"La población y la economía de América del Sur están fuertemente
concentradas en los litorales del Atlántico y del Pacífico. Necesitamos
hacer ejes viales bioceánicos para unir esos dos extremos y llevar
desarrollo al vacío existente en medio del continente", sostuvo.
Los "vacíos" a los que se refiere Pares son el Pantanal, las
cordilleras andinas y la región amazónica. Esta última alberga cerca de
20 millones de habitantes solamente en su porción brasileña.
Un proyecto en particular va a poner a prueba la disposición de los
gobiernos sudamericanos, varios de los cuales están ocupados por
fuerzas que hasta hace poco criticaban estos planes.
Las dos megacentrales hidroeléctricas proyectadas sobre el río Madeira,
en el occidental estado brasileño de Rondônia cercano a la frontera con
Perú y Bolivia, forman parte de la Iirsa y son consideradas peligrosas
tanto por el Movimiento de Afectados por las Represas, en Brasil, como
por el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), aunque
la agencia ambiental brasileña Ibama diga lo contrario.
"Los mismos estudios realizados hasta ahora por el consorcio brasileño
que desea construir las usinas muestran que, desde 1990, se ha
incrementado en dos por ciento el nivel de sedimentos en el lecho del
río", observa el especialista boliviano en salud pública Pablo
Villegas, miembro del Fobomade.
"Ellos mismos estiman que en 50 años el fondo del río se habrá elevado
hasta en 20 metros, ampliando el lago que será formado por las
(planificadas) centrales de San Antonio y Jirau", agregó.
"Del lado boliviano, esa expansión del lago podría inundar la región de
Riberalta y Guayaramerin, donde viven más de 100.000 personas que
perderían su sustento", agregó.
Esa posibilidad no aleja el interés del gobierno boliviano de tomar
parte del proyecto. "No nos oponemos y hasta queremos ser parte, si el
complejo sobre el río Madeira no afecta la soberanía boliviana ni al
pueblo de esa región", apuntó el viceministro de Electricidad de
Bolivia, Jerjes Mercado.
El funcionario informó asimismo que el 15 de este mes, el canciller
boliviano David Choquehuanca viajará a Brasilia a debatir el plan con
técnicos de ese país.
"El problema del complejo de Madeira, que aún puede incluir otras dos
usinas y una hidrovía, es que fue concebido en 2000, por el anterior
gobierno brasileño (de Fernando Enrique Cardoso), cuando la coyuntura
de América Latina era otra", opinó el analista y sociólogo Luis Novoa,
profesor de la Universidad de Rondônia.
"Se necesita frenar el cronograma y revisar el proyecto", recomienda.
Va ser una tarea difícil, porque a favor de los proyectos está el
presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien expresó
inclusive su disposición a romper lazos con sus aliados tradicionales
para construir las centrales.
"Indígenas, "quilombolas" (descendientes de esclavos), ambientalistas y
el Ministerio Público deben dejar de ser obstáculos al desarrollo",
dijo Lula.
Incluso planes fuera de la Iirsa, pero enfocados como instrumentos de
integración, atraen la atención de los gobiernos que están dispuestos a
apostarles grandes sumas y a librar grandes luchas por ellos.
El jueves, el presidente (de Venezuela) Hugo Chávez estuvo en Brasilia
discutiendo con Lula ocho planes comunes en el área de la energía.
Uno de ellos es el Gasoducto del Sur, que saldría de Venezuela, pasaría
por todo el Nordeste brasileño y llegaría hasta Uruguay y Argentina en
una extensión de casi 10.000 kilómetros y un costo estimado en 23.000
millones de dólares.
Ecologistas e indígenas venezolanos consideran que el proyecto es
"megalómano" y dañará el ambiente, pues pasará por miles de kilómetros
de la floresta amazónica.
Fuente: proyectoGEO
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Inclusive
con la oposición frontal de movimientos que constituyen su base social,
los gobiernos sudamericanos han resuelto iniciar la integración
regional por su aspecto más crítico, las grandes obras de
infraestructura.
