La protección del ambiente es esencial para la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. El reto radica en combinarla con un crecimiento económico continuado de manera sostenible a largo plazo. La política ambiental se funda en la creencia de que unas normas ambientales rigurosas estimulan las oportunidades de innovación y negocio. Existe una estrecha interrelación entre las políticas económicas, sociales y medioambientales.

Hace apenas unas décadas atrás, el ambiente no formaba parte de las principales preocupaciones de la humanidad. Hoy en día, por suerte, en cambio la conciencia de que el ambiente en el que vivimos no es un recurso inagotable e invulnerable se está instalando en la cultura de las sociedades actuales y en la agenda pública de los estados. Sin embargo, la gestión de las políticas ambientales se halla aún en pañales frente a los urgentes desafíos de las próximas décadas en las que no es aventurado suponer que asistiremos a una profunda reconversión ambiental del desarrollo y la política.

En la Argentina, a la nación le compete todo lo que sea referido a implementar la política ambiental, a la prevención, la evaluación del impacto, aspectos económicos, educación, autoridad policial. Pero debe ser concertado. Sólo el acuerdo interjuridiccional llevará a la solución.

Podemos tomar como ejemplo: La prevención. Ya que está, en la política de protección ambiental contemporánea, es uno de los principios aceptados por gobiernos y entidades internacionales como principio rector de la política ambiental; proporciona una guía sobre cómo intervenir en los sistemas ambientales de manera menos perjudicial y es una herramienta para definir las decisiones políticas que afectan al medio ambiente. Asimismo, actúa sobre una línea que atraviesa diferentes disciplinas y hace foco sobre la calidad de vida de los ciudadanos presentes y futuros.

El Gobierno Nacional debe jerarquizar la autoridad ambiental nacional mediante la creación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con competencia efectiva y protagonismo en todos los temas con implicancias ambientales.
Además, el Gobierno Nacional debe dar:

-Un impulso prioritario a una política y normativa sobre ordenamiento ambiental territorial, hoy ausente; siendo sustancial para la construcción social, democrática y federal.

-Impulsar la urgente sanción de una Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación de Impacto Ambiental, que establezca instancias obligatorias de consulta y participación ciudadana y de acceso a la información pública.

-Impulsar la sanción de una ley que determine un proceso de reconversión de la industria en funcionamiento en Argentina, incorporando las tecnologías más limpias existentes en la actualidad, así como una estrategia que asegure la viabilidad económica de la transformación de este sector y criterios de producción sustentables.

Es importante tener en cuenta que la elaboración de una política ambiental regional satisface importantes necesidades para todos los sectores de la vida local.

Ella demanda, que cada comunidad regional haga un balance ambiental sobre el proceso histórico de desarrollo regional. También exige elaborar un diagnóstico actualizado, definiendo cómo esa realidad ambiental es afectada hoy por su entorno económico, social, cultural, institucional, nacional e internacional. Cada región muestra una realidad ambiental específica, en sus recursos naturales y potencialidades, en la diversidad y magnitud de los problemas que debe enfrentar, en las capacidades y compromisos de sus instituciones y en la población, entre otras. Asimismo, la política obliga a cada comunidad regional a revisar sus desafíos futuros y priorizarlos, establecer plazos para su cumplimiento, definir los recursos necesarios y las responsabilidades que corresponden a cada sector como: público, privado, académico, gremios, organizaciones de base y de los ciudadanos en general, como también señalar aquellas tareas que requieren el concurso de diversos actores de la región.

La realidad ambiental de la región va cambiando día a día, por: el impacto del crecimiento demográfico o económico, la introducción de nuevas tecnologías o las pautas de comportamiento de la población. También pueden cambiar los recursos de que disponen las autoridades y la población para enfrentar los retos ambientales. Todo lo dicho obliga a considerar la política como un instrumento esencialmente dinámico que debe ser actualizado periódicamente para adecuarla a las nuevas realidades.

Muchas veces la falta de coordinación y de planificación de las acciones de los gobiernos han derivado en una total ineficacia de sus políticas, y han significado, en las cuestiones ambiente y de infraestructura, la necesidad de volver al principio, a cero. Por ejemplo, las muy pocas veces que se han establecido medidas anticontaminación de los cursos de agua, se acciona contra diversas empresas, pero no se tienen en cuenta los basureros a cielo abierto, que siempre se encuentran a la vera de los ríos, o se vierten líquidos cloacales sin tratamiento alguno, o simplemente se fugan efluentes con la complicidad de ciertos funcionarios que hacen la vista gorda. Las políticas ambientales, sobre todo aquellas dirigidas a frenar el daño que causa la contaminación deben ser a todo o nada, es decir que si se emprende una campaña no se pueden dejar fisuras o empezar por pequeñeces. No sirve llevar a los jardines de infantes a juntar papelitos, mientras se deja que una poderosa industria desvíe su efluente contaminante de la planta de tratamiento. No es eficiente hacer un llamado a la adhesión voluntaria a un plan de producción limpia, al que acudirán los que siempre colaboran, pues aquellos a quienes la producción limpia no les interesa seguirán contaminando libremente.

Creo indudablemente que los municipios deben formular políticas activas con relación al ambiente, generando nuevas posibilidades en su territorio y actuando en apoyo de las iniciativas privadas y del Estado.

Como un paso efectivo en esa dirección, deben modificar sus reglamentaciones acerca de la problemática ambiental, buscando adecuarlas al panorama de nuevas posibilidades de reactivación económica y de pleno empleo que se impulsa desde el Gobierno Nacional, sin que ello apunte en el sentido de deteriorar el ambiente en su territorio, sino siguiendo los lineamientos de preservación y cuidado ambiental, como parte precisamente de los propósitos de hacer de esta ciudad un lugar privilegiado para el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos.

Es necesario para esto:
1) Cumplir plenamente con la letra y el espíritu de las leyes y regulaciones ambientales aplicables.
2) Participar de manera pro activa en la planificación y reforma de los requerimientos ambientales para asegurar su costo-efectividad, racionabilidad y realización.
3) Proteger y manejar los recursos como el suelo, agua y vida salvaje de una manera segura para el medio ambiente.
4) Monitorear regularmente el desempeño ambiental a través de rigurosas evaluaciones.
5) Brindar soporte profesional, asesoramiento, servicios y recursos para asegurar que se logren, eficientemente, los objetivos ambientales.
6) Trabajar en cooperación, con otros, para forjar objetivos comunes para el ambiente.
7) Comunicar y hacer cumplir esta política en todos los sectores.

Sería importante lograr un Acuerdo Marco a nivel Municipal, Provincial y Nacional. Este acuerdo marco daría, en su momento, lugar a negociaciones para convenir regulaciones sectoriales propias de las necesidades y singularidades de cada región y de cada caso, teniendo en cuenta el beneficio común de la preservación de la calidad del ambiente en todos sus aspectos. Sus términos conducirían a la seguridad ecológica colectiva en el país y a un desarrollo social justo y equitativo.

Cristian Frers