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Argentina: a pesar de la Ley de Bosques la sangría continúa
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Publicado por Administrador   
lunes, 04 de marzo de 2013
Tala indiscriminada En sólo dos años, se perdieron más de un millón de hectáreas: lo asegura un informe de la Secretaría de Ambiente. Es porque la tala indiscriminada avanza aún en las zonas donde está prohibida por ley. La superficie desmontada equivale a 50 veces la ciudad de Buenos Aires.

Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la Ley de Bosques prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos dos años, de acuerdo con un informe oficial de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), se perdieron más de un millón de hectáreas que debían estar protegidas según el ordenamiento territorial que establece la normativa sancionada en 2007.

El Gobierno Nacional tenía en su poder estos datos desde junio de 2012 pero, según la organización de ecología política Los Verdes, el informe se mantenía cajoneado porque revela una situación delicada: en primer lugar, el incumplimiento de la ley. Pero también la amenaza que avanza sobre la biodiversidad, y algo más grave: el impacto social de la falta de control. Según denuncian organizaciones ambientales del interior, la deforestación sin freno guarda una estrecha relación con los asesinatos de campesinos y aborígenes ocurridos en los últimos años en diferentes provincias.

El estudio, titulado “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” y llevado a cabo por la Dirección de Bosques de la SAyDS, “evidencia un aumento de la deforestación a pesar de la prohibición de desmontar estipulada en el artículo 8 de la ley”.

Funcionarios del Gobierno analizaron las tres regiones forestales que concentran el 85% de los bosques nativos del país –el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumano-boliviana– y llegaron a la conclusión de que con la ley vigente, durante el período 2006-2011, la deforestación fue superior en un 50% al período 1998-2002, cuando la ley todavía no existía.

“Los datos muestran que los desmontes avanzaron sobre áreas que habían quedado protegidas. Pero además, desde la reglamentación de la norma, el Gobierno Nacional nunca terminó de sustanciar el fondo para la conservación de los bosques. Este año, además, el presupuesto nacional asigna 10 veces menos de lo que debería, lo que demuestra el nulo interés del Gobierno y de las provincias en proteger un ecosistema clave”, señala Juan Carlos Villalonga, presidente de Los Verdes.

La Ley Nacional (26.331) de Bosques se aprobó a fines de 2007. Se reglamentó en abril de 2009. Y está vigente desde entonces. Establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. A pesar de su existencia, en la Argentina se continúan desmontando superficies (con especies en peligro incluidas) para luego “alfombrar”, sobre todo, con soja: “El avance de la frontera agropecuaria –agrega Villalonga– a costa del bosque, también impacta sobre la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por otro lado, la deforestación contribuye a la generación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”.

El informe de la SAyDS focaliza también en los millones erogados para proteger a los bosques. El Fondo Nacional de la Ley estableció partidas para que las provincias pudieran aplicar la norma. Al 20 de febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luis, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones concentraban el 80% de las contribuciones para la protección de bosques, unos 114 millones de pesos. “No obstante –concluye la SAyDS– las 8 provincias experimentaron el desmonte de un millón de hectáreas desde la promulgación de la ley hasta 2011”.

Las topadoras hicieron ruido, sobre todo, en Santiago del Estero. Esa fue la provincia que más desmontó (453.551 hectáreas), seguida por Salta (236.246), Formosa (129.603), Chaco (110.889), San Luis (37.483), Misiones (21.406), Tucumán (18.478) y Catamarca (12.164). Lo de Salta es preocupante: según otro estudio de la Red Agroforestal Argentina, en esa provincia no fue respetada ninguna de las zonas de prohibición de desmonte definidas por ley, “ni tampoco las restricciones fijadas tras denuncias de organizaciones campesinas, como la suspensión de desmontes dictada por la Corte Suprema para cuatro departamentos entre 2009 y 2011”.

Miguel Brassiolo, presidente del organismo, abre otro plano. “Hay una relación directa entre conflicto por la tierra y deforestación. Es clarísimo cómo fueron creciendo en los últimos años las disputas territoriales. Hay dos modelos en pugna: el modelo agropecuario industrial está arrasando con el modelo campesino que ve a la tierra como lugar de vida, y esa conflictividad llegó a cuatro muertes en los últimos tres años”.

Villalonga completa: “La expansión de los sistemas silvopastoriles sobre los bosques en provincias como Salta, Formosa, Chaco o Santiago del Estero viene provocando el desalojo de comunidades originarias y de pequeños campesinos”. Se refiere a las noticias de tragedia que se publican a menudo. “Estas comunidades que se resisten a perder su lugar están siendo asesinadas o presionadas por el poder económico y político”, concluye.

El “ecocidio” continúa a pesar de la ley
Miguel Bonasso (*)

En este gobierno, los que no mienten descaradamente se limitan a ser observadores y comentaristas de la depredación. En vez de cumplir la ley y denunciar judicialmente a quienes no la cumplen, se limitan a monitorear cómo las normas legales son violadas. No es una afirmación gratuita: es lo que han hecho con la ley 26.331, llamada Ley de Bosques, de mi autoría. Las autoridades nacionales le escamotearon sistemáticamente los fondos necesarios para cumplirla y observan pasivamente como las provincias más depredadoras aumentan el desmonte de los bosques nativos.

La deforestación es más alta que antes de la sanción de la ley en noviembre de 2007. Desde entonces hasta el presente las topadoras de los terratenientes sojeros o madereros han arrasado más de un millón de hectáreas de selvas nativas. Con las consecuencias previsibles para el clima, la fijación de los suelos, la biodiversidad y los ataques criminales a comunidades campesinas, que testimonian crímenes como el de Cristian Ferreyra.

En 2004, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados presenté un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que declarase la “emergencia forestal nacional” y frenara los desmontes en todo el territorio argentino hasta tanto se sancionara una ley que protegiera los bosque nativos. Se sustentaba en un fundamento aterrador: en los últimos 70 años, el país había perdido el 70% de sus forestas originarias.

Ahora vemos que el ecocidio continúa a pesar de la ley. A contrapelo de sus declaraciones proambientalistas en Abu Dhabi, la presidenta Cristina Kirchner viene violando la ley de bosques desde su promulgación ficta en diciembre de 2007. Se tomó catorce meses para reglamentarla y recién lo hizo después del desastre de Tartagal, producto evidente de la deforestación.

Más duro fue el ninguneo presupuestario que continúa; nunca se aportó al Fondo Nacional para la Conservación de los Bosques lo establecido en la propia ley: el 0,3 por ciento del presupuesto nacional y el 2 por ciento de las retenciones a las exportaciones agroganaderas y forestales. Hubieran totalizado seis mil millones de pesos. Pero la realidad fue bien distinta: no hubo fondos para cumplir la Ley de Bosques en 2008 y 2009; en 2010 se incorporó una partida de 300 millones, en vez de los mil millones que marcaba la norma y de yapa 144 millones fueron desviados al Fútbol para Todos, por el entonces Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. En 2011, ante la falta de aprobación del presupuesto en el Congreso se repitió la partida del año anterior y en 2012 se destinaron al fondo 267 millones de pesos, siete veces menos que lo establecido por ley.

A la luz de estos datos no es de extrañar que la tasa de deforestación se haya elevado, que la emergencia forestal siga, que se hayan desmontado 275.245 hectáreas en zonas calificadas según la ley como “amarillas” o “rojas” (donde la tala está prohibidos) y, lo más grave, que en beneficio de Monsanto y los terratenientes sojeros, maiceros y ganaderos la expansión de la frontera agropecuaria amenace de muerte a lo poco que nos queda de bosques nativos.

(*) Ex diputado, impulsor de la Ley de Bosques

Las especies que están en riesgo por la tala

El monitoreo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se realizó sobre las tres regiones donde se concentra el 85% del bosque nativo del país. Se trata de la selva misionera, el parque chaqueño y la selva tucumano-boliviana. Según biólogos y expertos consultados, éstas son algunas de las especies en situación vulnerable por la deforestación.

En la selva misionera, la pérdida de bosque nativo pone en riesgo a especies como el yaguareté, el puma y el ocelote y otros mamíferos como el tapir, monos, corzuelas, dos especies de pecaríes y el coatí. El bosque nativo se compone allí de Pino Paraná, palo rosa, lapacho negro, guatambú y anchico. Todas especies amenazadas.

En la selva de Yungas (monte tucumano-boliviano) también el yaguareté resiste a la amenaza de las topadoras, junto al tapir, el guacamayo verde, el loro alisero y el pato criollo. En cuanto a la flora nativa son propias de la región el cedro, el viraró, los alisos, el cebil, el horco-cebil, el vinal y el lapacho.

En el Parque chaqueño (el más castigado por la deforestación, según el informe oficial) están amenazados el yaguareté, el tatú carreta, el aguará guazú, el ciervo de los pantanos, el lobito del río y el chancho quimilero y las especies típicas del bosque nativo: quebracho colorado, quebracho santiagueño, quebracho blanco, algarrobos y guayacán.

Fuente: Clarín.com

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