 La
Empresa Nacional de Celulosas Españolas (ENCE), una de las dos
papeleras que pretenden instalarse en Uruguay levantando protestas en
Argentina por los posibles daños ambientales, fue condenada en España
por "delito ecológico continuado".
DyN supo hoy de fuentes españolas que en 2002 la Audiencia Provincial
de Galicia, juzgó a los directivos de ENCE y a los miembros de la
comisión sindical de la compañía -todos los cuáles tenían pedido de
prisión por la querella- y finalmente les propinó una condena sin pena
de encierro. La fábrica de ENCE está instalada desde 1957 en la ría de
Pontevedra, una de las provincias gallegas, y según estableció la
Justicia española ha contaminado las aguas marinas y el aire con
distintos vertidos industriales y emanaciones tóxicas para la fauna y
la flora.
Por eso el proyecto de ENCE es quitar parte de su industria de la ría
de Pontevedra y trasladarla al pueblo uruguayo de Fray Bentos, ya que
además debe desmantelar las instalaciones antes de 2018 por imperativo
de la española Ley de Costas aprobada en 1988 por las Cortes, en Madrid.
De cara a esa relocalización, en 2002 ENCE suscribió un acuerdo de
inversión con el Gobierno uruguayo, cuyo titular ahora es el presidente
socialdemócrata Tabaré Vázquez, quien defiende las obras con el
argumento de que es la mayor inversión extranjera en la Historia del
país y que dará trabajo de forma directa e indirecta a miles de
fraybentinos.
Pero el Gobierno argentino y, especialmente, el Gobierno de la
provincia de Entre Ríos y los vecinos de Gualeguaychú -la zona que
podría resultar más afectada- vienen oponiéndose a la implantación de
la factoría de ENCE y otra de la finlandesa FOTNIA.
Incluso el gobernador entrerriano, Jorge Busti, anunció que presentaría
"una denuncia ante la comisión de Derechos Humanos de la Organización
de Estados Americanos en defensa de la vida, la salud y en rechazo a la
alteración del ecosistema".
Mientras que el conjunto de los vecinos convocados en la Asamblea
Ambiental de Gualeguaychú dijeron que presentarán un recurso de amparo
ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Ayer grupos
ecologistas y de vecinos cortaron la ruta nacional 136 que finaliza en
el puente internacional General San Martín, que une la ciudad
entrerriana de Gualeguaychú con la uruguaya Fray Bentos, provocando
fuertes atascamientos de vehículos. El viernes pasado, los cancilleres
argentino y uruguayo, Rafael Bielsa y Rolando Gargano acordaron una
tregua en el conflicto y reimpulsaran una comisión binacional de
especialistas en impacto ambiental. Ya el pasado mes de mayo, Vázquez y
el presidente Néstor Kirchner, se comprometieron a lo mismo y la
comisión nunca funcionó.
En Uruguay, el fiscal Enrique Viana ha puesto en marcha una denuncia
penal contra el ministro de Medio Ambiente, Mariano Arana, acusándole
de ocultar información sobre el impacto ecológico que acarrearía la
implantación de la industria de celulosa en el entorno.
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