Diez años después, no hay acusaciones en firme ni se ha fijado el pago de las indemnizaciones, cuando la justicia de Estados Unidos necesitó dos años para tener resueltas estas cuestiones en el caso Exxon Valdez, de dimensiones similares. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos está a punto de llegar a un acuerdo con British Petroleum (BP) para el pago de indemnizaciones a los afectados por el vertido del Deepwater Horizon, en el Golfo de México.

El abogado de oficio que defiende al jefe de máquinas del Prestige, uno de los principales acusados, amenaza con renunciar si la justicia española mantiene sus honorarios en menos de 500 euros por diez meses de trabajo. El gobierno estudia “medidas excepcionales” para incrementarlos debido a la magnitud del caso: más de 230.000 folios de sumario, aunque los escritos fundamentales para preparar la defensa consiste en “sólo” 80.000 folios. Además de la lentitud de la justicia y del menosprecio al medioambiente, este caso deja en evidencia la precariedad para los abogados que designa el Estado para defender a personas que no pueden pagarse otros servicios jurídicos, algo que no se puede permitir un estado de derecho.

La defensa denuncia que el autor del informe utilizado para acusar a su cliente asesoraba a José María Aznar, presidente de España, cuando ocurrió la catástrofe. El gobierno utilizó ese informe para eludir responsabilidades a unos meses de las elecciones generales, que el partido en el poder perdió en marzo del siguiente año.

Como la acusación atribuye la catástrofe al mal estado del buque y al supuesto conocimiento que tenía el capitán de su deterioro, la posible invalidación del informe en el que se basa la acusación determinará el desenlace del juicio. Con la denuncia de que la causa principal de la catástrofe se produjo por las órdenes del gobierno de llevar el buque a altamar en lugar de refugiarlo en un puerto cercano, la plataforma Nunca Mais exige responsabilidades políticas.

Otro aspecto que convierte en ejemplar el caso Prestige es la respuesta de la sociedad civil, a diferencia de los responsables políticos. Mientras el entonces Ministro del Interior, hoy presidente del gobierno, decía que sólo se trataba de “unos hilitos de plastilina”, miles de voluntarios de toda España acudían a las costas gallegas para amortiguar los daños. Sabían que sus manos podían minimizar el impacto que tenía la catástrofe en la fuente de ingresos de miles de personas, en las aves y la flora que aún se mantuviera con vida. En esa tarea, muchos voluntarios no utilizaron guantes ni mascarillas, lo que produjo alteraciones genéticas y peligros de cáncer por la inhalación de gases tóxicos.

La naturaleza y las tareas de limpieza han borrado los residuos negros del chapopote, pero el daño sigue sin recibir su debida reparación. La fiscalía se basa en el informe de una experta de la Universidad de Santiago de Compostela para cuantificar en 4.300 millones de euros por pérdidas y por indemnizaciones que le correspondería al estado español. Estas indemnizaciones tienen en cuenta los daños físicos a personas, los daños irreversibles a especies marinas, de aves, de arrecifes de coral que no podrán regenerarse y de otras zonas de valor ecológico incalculable y las pérdidas económicas. Pero se tendría que contemplar el lucro cesante: los beneficios que habrían obtenido de no haberse producido la situación el sector de la pesca, la hostelería y del turismo.

La insistencia en el petróleo puede provocar nuevas catástrofes antes de reparar las ya producidas. Nuestro nivel de consumo está por encima de nuestras necesidades: demasiadas bolsas de plástico, botellitas de agua, coches y materiales sintéticos que no reciclamos. No hay que esperar a que se cumplan los pronósticos sobre el próximo fin de la era del petróleo para  sacar de los cajones bajo llave energías más limpias. Nos lo exigen las generaciones que están por nacer.