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Tala ilegal en la Amazonia boliviana Imprimir E-Mail
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martes, 05 de julio de 2005
Tala ilega de la selva bolivianaEl Estado boliviano y la comunidad indígena y campesina de Trinchera, que habita en los bosques amazónicos del departamento de Pando, cerca de la frontera con Brasil, comenzaron el jueves 30 de junio un juicio contra un empresario brasileño y sus empleados por tala ilegal de árboles en territorio de la comunidad. El juicio llevado adelante por la Fiscalía del Distrito de Pando, en defensa de los recursos naturales bolivianos, es considerado como histórico en el país.

Radio Mundo Real entrevistó al Fiscal de Distrito del departamento de Pando, Dr. Gonzalo Flores, quien lleva adelante el juicio contra el empresario maderero Alberto Da Silva Nascemento y sus empleados, también brasileños.

Integrantes de la comunidad de Trinchera hicieron la denuncia sobre la tala ilegal de árboles en su territorio en septiembre del año 2004, luego de comprobar que los trabajadores dirigidos por Da Silva Nascemento talaban indiscriminadamente y sin autorización árboles de cedro, almendrillo, palo amarillo y paquiol. Desde ese entonces se han realizado varias investigaciones que terminan con el juicio de Da Silva Nascemento y sus empleados.

El Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), organización que articula el movimiento socioambiental en Bolivia, estima que los árboles serían trasladados a Brasil, donde Da Silva Nascemento tendría un aserradero.

El Dr. Gonzalo Flores dijo a Radio Mundo Real que el juicio se lleva adelante “en instalaciones de la Corte Superior de Justicia, por delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado, así como destrucción o deterioro de bosques, establecido en la ley forestal. El accionar de Da Silva Nascemento y sus empleados ha constituido un delito por cuanto no se tiene –del empresario brasileño– ni la autorización para la tala de árboles ni para el ingreso de maquinaria a hacer explotaciones de recursos maderables en el departamento de Pando”.

Por su parte, FOBOMADE considera que “la importancia de este juicio radica en que el ciudadano brasileño Alberto Da Silva Nascemento es el principal contratista de trabajos de desmonte en Pando, en muchos casos de manera ilegal o aprobados en contra del Plan de Uso del Suelo de Pando”.

FOBOMADE agrega que “los servicios de Da Silva Nascemento son utilizados por autoridades, ex autoridades, senadores, diputados y conocidos latifundistas para talar grandes extensiones de bosque amazónico, por lo que goza de la protección de las personalidades locales”.

En este sentido, el Dr. Flores manifestó que “este proceso es importantísimo e histórico ya que por primera vez se está juzgando por estos delitos, con las investigaciones realizadas tanto por el Ministerio Público como por la policía boliviana, defendiendo los recursos naturales y el medio ambiente en el país”.

El Fiscal de Distrito del departamento de Pando agregó, refiriéndose a este juicio, que “es el caso que puede ser el inicio de una serie de investigaciones de otros casos que puedan llegar a juicios en la justicia ordinaria, va a representar el hito que ha de permitir en lo sucesivo llegar a juzgar a personas que se dediquen a la tala indiscriminada, a la explotación irracional de nuestros recursos naturales”.

El Dr. Flores considera que las pruebas que se han presentado son muy contundentes y espera conseguir el máximo de sanción, 6 años de cárcel, para Da Silva Nascemento y sus empleados.

No obstante, existen dudas acerca del resultado final de este juicio. FOBOMADE alerta que la decisión de los jueces que entienden en el caso será determinante para saber si la justicia del departamento de Pando se vuelca por el lado “de la corrupción y el tráfico de influencias” o por la defensa de las comunidades amazónicas que viven en el bosque.

Sobre este punto, el Dr. Flores manifestó a Radio Mundo Real que “el tema pasa por una valoración y presentación de pruebas. Creemos nosotros que hemos cumplido con toda la presentación de pruebas, que ha tenido que pertenecer al Ministerio Público para luego llegar a los jueces y a su vez ellos tener la capacidad de circunscribirse a lo que nuestro país está buscando. Con ello no quiero decir que se tenga una especial inquietud por sancionar a un súbdito brasileño, sino más bien una especial inquietud por aplicarse y respetarse el ordenamiento jurídico boliviano”.
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