La justicia para las personas y la justicia para la naturaleza no son causas separadas, y “Estado de derecho y medio ambiente” es hoy una idea que redefine la cooperación internacional. En la recién acordada Declaración de Ciudad del Cabo sobre los Crímenes que Afectan al Medio Ambiente —firmada por los ministros de ambiente y clima del G20 reunidos en Sudáfrica el pasado octubre— esa premisa se convirtió en un compromiso político explícito: proteger la naturaleza requiere instituciones sólidas, leyes claras y una aplicación rigurosa. No es un principio abstracto, sino la base de un futuro posible.
Cuando los crímenes ambientales dejan de ser invisibles
Durante décadas, la delincuencia ambiental fue tratada como un tema menor. Pero el comercio ilegal de fauna, la deforestación, la minería clandestina o el tráfico de residuos son hoy redes criminales globales que erosionan los ecosistemas, vacían presupuestos públicos y debilitan la autoridad de los Estados. Allí donde estas economías prosperan, crece la corrupción y se quiebra la confianza ciudadana.
El G20 reconoce ahora que estos delitos no pueden quedar relegados. La Declaración de Ciudad del Cabo los coloca en el centro de la agenda internacional y exige leyes más estrictas, operativos coordinados, inteligencia compartida y financiamiento adecuado. Es un mensaje claro: los crímenes contra la naturaleza son crímenes contra las personas, y la respuesta debe estar a la altura del daño que generan.
De Ciudad del Cabo a Río: el nuevo mapa del multilateralismo ambiental
El impulso no quedó allí. El pasado 4 de noviembre, dieciocho gobiernos respaldaron la Declaración de Río sobre los Crímenes que Afectan al Medio Ambiente, durante la Cumbre Global United for Wildlife realizada en Brasil, en vísperas de la COP30. Con apoyo de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, este nuevo documento amplía y profundiza lo iniciado en Ciudad del Cabo: actuar en conjunto, guiados por la evidencia científica y un propósito moral compartido.
El vínculo entre ambas declaraciones es, en sí mismo, un hecho político: muestra que el multilateralismo sigue vivo cuando se lo mueve con honestidad y responsabilidad. Y pone al ambiente al nivel de la economía y la seguridad como pilar esencial de la gobernanza global.
Sudáfrica: biodiversidad bajo asedio
Para Sudáfrica, todo esto es concreto. Su extraordinaria riqueza biológica la convirtió en un blanco permanente del crimen ambiental. En las costas, la caza furtiva de abulón sostiene redes criminales internacionales que vacían los mares y destruyen los medios de vida de las comunidades pesqueras. En los parques, el tráfico de cuernos de rinoceronte y de marfil continúa alimentando la violencia y la corrupción. En el veld, la cría de leones en cautiverio para la caza comercial degrada a los animales a la condición de mercancía.
Sudáfrica busca virar este rumbo con políticas basadas en evidencia y con marcos legales que prioricen la conservación y el bienestar de las comunidades. No todo modelo productivo asociado a la fauna es aceptable: cuando el beneficio económico exige sacrificar la supervivencia de las especies, el Estado de derecho debe intervenir.
Aplicar la ley donde ocurre el daño
Las declaraciones de Ciudad del Cabo y Río marcan un punto de inflexión, pero la letra escrita no basta. La aplicación real debe sentirse en los bosques, en los puertos, en las fronteras y en los mercados donde operan las redes criminales. Implica perseguir a los traficantes, proteger a los defensores ambientales que arriesgan su vida y garantizar justicia a las comunidades que cargan con los costos del delito ecológico.
El camino entre ambas ciudades revela lo que es posible cuando las naciones avanzan con integridad y urgencia. Se reforman leyes, se crean alianzas, se comparten datos sensibles. Las agencias de seguridad van cerrando el cerco sobre organizaciones antes impunes. Empresas, comunidades y sociedad civil alinean esfuerzos que antes ocurrían de manera aislada. El sistema, lentamente, comienza a funcionar como un conjunto.
Gobernanza interna y responsabilidad global
Para Sudáfrica, esta agenda constituye tanto un compromiso internacional como un proceso de renovación nacional. Vincular la gestión ambiental con la buena gobernanza fortalece ambas dimensiones. Proteger la naturaleza y proteger a las personas terminan siendo partes de un mismo proyecto: construir un país más justo, seguro y sostenible.
Una ley que protege la vida
Ni la Declaración de Ciudad del Cabo ni la de Río son un punto final. Son, más bien, el inicio de una transformación necesaria. Recordan que la ley no es solo un instrumento de orden, sino una fuerza de justicia. Cuando el Estado de derecho defiende al ambiente, defiende el fundamento mismo de la vida humana.
La protección del medio ambiente y el estado de derecho deben ir de la mano. Solo así es posible restaurar el equilibrio entre naturaleza y justicia, y sostener la confianza en las generaciones que vendrán.
Imagen: CC0 / Dominio público.
Este artículo fue elaborado por el equipo de barrameda.com.ar y con el apoyo de herramientas de redacción asistida por inteligencia artificial.