El
Estado boliviano y la comunidad indígena y campesina de Trinchera, que
habita en los bosques amazónicos del departamento de Pando, cerca de la
frontera con Brasil, comenzaron el jueves 30 de junio un juicio contra
un empresario brasileño y sus empleados por tala ilegal de árboles en
territorio de la comunidad. El juicio llevado adelante por la Fiscalía
del Distrito de Pando, en defensa de los recursos naturales bolivianos,
es considerado como histórico en el país.
Radio Mundo Real entrevistó al Fiscal de Distrito del departamento de
Pando, Dr. Gonzalo Flores, quien lleva adelante el juicio contra el
empresario maderero Alberto Da Silva Nascemento y sus empleados,
también brasileños.
Integrantes de la comunidad de Trinchera hicieron la denuncia sobre la
tala ilegal de árboles en su territorio en septiembre del año 2004,
luego de comprobar que los trabajadores dirigidos por Da Silva
Nascemento talaban indiscriminadamente y sin autorización árboles de
cedro, almendrillo, palo amarillo y paquiol. Desde ese entonces se han
realizado varias investigaciones que terminan con el juicio de Da Silva
Nascemento y sus empleados.
El Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade),
organización que articula el movimiento socioambiental en Bolivia,
estima que los árboles serían trasladados a Brasil, donde Da Silva
Nascemento tendría un aserradero.
El Dr. Gonzalo Flores dijo a Radio Mundo Real que el juicio se lleva
adelante “en instalaciones de la Corte Superior de Justicia, por
delitos de destrucción o deterioro de bienes del Estado, así como
destrucción o deterioro de bosques, establecido en la ley forestal. El
accionar de Da Silva Nascemento y sus empleados ha constituido un
delito por cuanto no se tiene –del empresario brasileño– ni la
autorización para la tala de árboles ni para el ingreso de maquinaria a
hacer explotaciones de recursos maderables en el departamento de Pando”.
Por su parte, FOBOMADE considera que “la importancia de este juicio
radica en que el ciudadano brasileño Alberto Da Silva Nascemento es el
principal contratista de trabajos de desmonte en Pando, en muchos casos
de manera ilegal o aprobados en contra del Plan de Uso del Suelo de
Pando”.
FOBOMADE agrega que “los servicios de Da Silva Nascemento son
utilizados por autoridades, ex autoridades, senadores, diputados y
conocidos latifundistas para talar grandes extensiones de bosque
amazónico, por lo que goza de la protección de las personalidades
locales”.
En este sentido, el Dr. Flores manifestó que “este proceso es
importantísimo e histórico ya que por primera vez se está juzgando por
estos delitos, con las investigaciones realizadas tanto por el
Ministerio Público como por la policía boliviana, defendiendo los
recursos naturales y el medio ambiente en el país”.
El Fiscal de Distrito del departamento de Pando agregó, refiriéndose a
este juicio, que “es el caso que puede ser el inicio de una serie de
investigaciones de otros casos que puedan llegar a juicios en la
justicia ordinaria, va a representar el hito que ha de permitir en lo
sucesivo llegar a juzgar a personas que se dediquen a la tala
indiscriminada, a la explotación irracional de nuestros recursos
naturales”.
El Dr. Flores considera que las pruebas que se han presentado son muy
contundentes y espera conseguir el máximo de sanción, 6 años de cárcel,
para Da Silva Nascemento y sus empleados.
No obstante, existen dudas acerca del resultado final de este juicio.
FOBOMADE alerta que la decisión de los jueces que entienden en el caso
será determinante para saber si la justicia del departamento de Pando
se vuelca por el lado “de la corrupción y el tráfico de influencias” o
por la defensa de las comunidades amazónicas que viven en el bosque.
Sobre este punto, el Dr. Flores manifestó a Radio Mundo Real que “el
tema pasa por una valoración y presentación de pruebas. Creemos
nosotros que hemos cumplido con toda la presentación de pruebas, que ha
tenido que pertenecer al Ministerio Público para luego llegar a los
jueces y a su vez ellos tener la capacidad de circunscribirse a lo que
nuestro país está buscando. Con ello no quiero decir que se tenga una
especial inquietud por sancionar a un súbdito brasileño, sino más bien
una especial inquietud por aplicarse y respetarse el ordenamiento
jurídico boliviano”.
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