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Conflicto aquí, allá... y en el patio de casa también Imprimir E-Mail
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Publicado por Carlos Daniel Abasto   
lunes, 06 de febrero de 2006
Planta papelera Botnia S.A.Es muy poco probable, sino imposible, que el emprendimiento de grandes obras no traiga aparejado un sinnúmero de críticas provenientes de los más variados sectores de la sociedad, y más aún si quien lleva adelante las mismas es el gobierno de un estado.

Si bien este no es el caso de la instalación de las plantas de Ence S.A. y Botnia S.A. en la República Oriental del Uruguay, emprendimientos privados que son el resultado de las políticas de inversión llevadas adelante por el Banco Mundial, el Estado uruguayo se ha involucrado de tal forma que parecería ser un miembro más del directorio de aquellas empresas.

Quizás haya que retrotraerse algunos años para intentar encontrar la punta del ovillo que permita ir desentramando los problemas ambientales, sociales, económicos y políticos que se han tejido alrededor de la construcción de las dos plantas para la elaboración de pasta de celulosa y procurar alcanzar algunas respuestas desde una visión de interacción universal, pretendiendo relacionar todo con todo.

Ambas empresas no son nuevas en aquel país: Ence S.A. opera en el Uruguay desde el año 1991 a través de Eufores S.A., y Botnia S.A. lo hace desde 2000 bajo el nombre de Fosa S.A. (Forestadora Oriental S.A.). Esto ayudará en lo sucesivo a pensar el efecto de lugar y el jugoso resultado que los lobbystas de ambas empresas -y del Estado uruguayo- han logrado obtener haciendo uso de las rentas de relación.

Aquella punta del ovillo a la que hice referencia parecería encontrarse en la aplicación de ciertas políticas de inversión en el campo de la forestación por parte del Banco Mundial en la República Oriental del Uruguay y que comenzaron hace casi veinte años. Por aquel entonces vastas regiones del territorio uruguayo muy aptas para otros cultivos fueron forestadas, y el monocultivo del eucaliptus (eucaliptus globulus) hechó sus primeras raíces. Los habitantes de varios departamentos del vecino país, principalmente Soriano y Río Negro, asistieron a un rápido proceso de concentración de las tierras en manos de unos pocos que las adquirieron a precios módicos incentivados por los beneficios crediticios que con excelentes tasas de financiación ofrecieron algunas entidades bancarias que, por otro lado, contaban con la aprobación y el visto bueno del Banco Mundial.

El proceso comenzó a ponerse en marcha sin que aparentemente nadie prestara mayor atención al mismo, salvo por el esporádico reclamo de algunos habitantes que alertaban acerca de una creciente extranjerización en su zona y a unas pocas ONGs ambientalistas que abrían el paraguas respecto del futuro peligro que ese tipo de monocultivo acarrearía. Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca hacía oídos sordos a esos reclamos y continuaba alentando las inversiones privadas en materia forestal.

Las plantaciones fueron creciendo y hoy ocupan una superficie que supera las 100.000 hectáreas. Es evidente que ya por aquel entonces en la mente de algunos empezaba a tomar forma y a cobrar fuerza el proyecto de las plantas de pasta de celulosa. Hoy es prácticamente imposible negarlo, máxime teniendo en cuenta que la Ingeniero Rosario Pou, vicepresidente de Ence S.A., es cuñada del ex presidente uruguayo Luis Alberto Lacalle. Un clarísimo ejemplo de cómo las cadenas de poder fueron armando lentamente la trama de lo que actualmente se ha convertido en un conflicto donde las expresiones territorialidad y territorializaciones -entendidas como el requerimiento que un actor determinado tiene de sumar absolutamente todos los recursos disponibles- cobran su sentido más lógico y coherente.

A partir de entonces el pueblo uruguayo fue víctima de una fidelización con respecto al tema de las papeleras. En tanto los cultivos de eucaliptus crecían, las empresas se encargaron de eliminar lentamente todos aquellos elementos impredecibles que pudiesen llegar a interponerse al momento de efectuar el anuncio de la construcción de las dos plantas. Paso a paso lograron fidelizar a la mayoría de los pobladores, garantizando así las rentas de relación.

Por otro lado no caben dudas respecto a que tanto Botnia S.A. como Ence S.A. están inscritas en la categoría a la que Manuel Castells definió en su momento como aquellas que cuentan con la suficiente capacidad como para cambiar las pautas establecidas aún por los propios Estados. No en vano los operadores lobbystas se mueven hasta en las entrañas mismas del poder y su fuerza es de tal magnitud que consiguen activar mecanismos mediante los cuales las naciones aceptan firmar tratados y acuerdos que muchas veces resultan humillantes.

Así, y sin entrar en mayores detalles al respecto, es posible advertir en el caso de Botnia S.A. un claro ejemplo de aquello que muchos geógrafos han dado en llamar territorialidades superpuestas. Esta multinacional se dio el lujo de presionar al gobierno uruguayo para que firmase un tratado específico con Finlandia, condicionando así la construcción de su gigantesca planta a la aceptación previa de un acuerdo entre Estados. Entre otras cosas ese tratado estipula que en la planta de Botnia, propiedad del Estado Finlandés, nadie va a revisar nada ni a tocar nada. Y si bien al uso del término geopolítica lo encontramos ligado estrechamente a la existencia de territorialidades en competencia, esto es a la existencia misma de los estados nacionales, vemos que no puede quedar reducido solo a eso. Y es que va mucho más allá y se pone totalmente de manifiesto en el caso de las papeleras. Es claro observar la presencia de una multiplicidad de agentes a través de los cuales es factible demostrar que lo geopolítico supera las relaciones internacionales de los Estados.

El tratado entre Finlandia y Uruguay contempla los mecanismos válidos para promover y proteger las inversiones finlandesas en Uruguay y las uruguayas en Finlandia. Seguramente los uruguayos podrán gozar, algún día, de todos los privilegios que estipula el acuerdo cuando inviertan en Finlandia; pero mientras tanto será el grupo Botnia quien goce de los mejores beneficios. Según lo firmado por ambas naciones las inversiones realizadas  no pueden expropiarse ni nacionalizarse. También se contempla la indemnización por las pérdidas que sufran los inversores en el caso de guerra, estado de emergencia nacional, revuelta, insurrección o manifestaciones. Todo, absolutamente todo, parece estar previsto. Hasta las probables manifestaciones contra la más que segura contaminación de las aguas del río Uruguay.

Tanto Ence S.A. como Botnia S.A. son grupos empresarios que responden a los intereses de la economía capitalista. Por lo tanto es absolutamente lógica la necesidad que estas empresas tienen de acondicionar y reacondicionar aquellos lugares de producción y reproducción, transfiriendo a los Estados y a cualquier precio, todo aquello que pueda influir negativamente en su tasa de ganancia. Son monstruos gigantescos que no dudan en apelar al sometimiento o a la aniquilación para poder desarrollar sus estrategias transformadoras y a la vez creadoras de aquellas condiciones de posibilidad necesarias para su propio desarrollo.

Cuando desde el gobierno y a través de los medios masivos de comunicación se explican como son y como deben ser algunas cosas, se mitifica a gran parte de la sociedad. Se empieza a admitir incondicionalmente, como una verdad absoluta, la veracidad de esos relatos que la mayoría de las veces ocultan la realidad. Algo de eso ha ocurrido, y nosotros lo sabemos muy bien, con el mito de las inversiones extranjeras. Y a los uruguayos parece estar sucediéndoles lo mismo. De los 1.200 millones de dólares de inversión que promete Botnia S.A., casi 1.000 millones saldrán hacia Finlandia por la compra de máquinas y servicio técnico. Solamente 200 millones se invertirán en Uruguay.

Cuando las plantas entren en servicio ocuparán no más de 500 trabajadores entre ambas (Botnia ha probado que con ocho operarios monitoreando los paneles de control puede mantener en funcionamiento su planta). Entonces, ¿dónde quedará la promesa de nuevos puestos de trabajo?...

Por todo lo expuesto es fácil imaginar que nunca estuvo en la mente de los finlandeses de Botnia S.A. ni de los españoles de Ence S.A. construir sus plantas en la República Argentina. De hecho los españoles operan ya desde hace un tiempo una propia terminal logística, llamada M'Bopicuá, a 15 km de la localidad de Fray Bentos. Como si todo esto fuese poco, el futuro puerto y la planta de Botnia S.A. se encontrarán dentro de un área de zona franca, por lo que las exenciones impositivas están ampliamente garantizadas por el Estado uruguayo.

A decir verdad, cuando los entrerrianos se enteraron de la construcción de las plantas, ya era demasiado tarde. La experiencia contaminadora de las papeleras ya había surgido con anterioridad en la Argentina (basta como ejemplo Alto Paraná, en la provincia de Misiones), y lo que no sabían con certeza era el grado de contaminación que las nuevas plantas uruguayas podrían alcanzar. La Unión Europea prohíbe toda nueva construcción de plantas de celulosa con la tecnología que aplicarán las de ENCE S.A. y Botnia S.A., con lo cual los gobiernos europeos están aceptando el alto poder contaminante de las mismas. Los habitantes de Gualeguaychú y zonas aledañas tienen argumentos muy sólidos y valederos para justificar ampliamente sus protestas.

Ahora bien, ¿Cómo y porqué se involucraron el Gobierno de la provincia de Entre Ríos y el Gobierno Nacional en el asunto?

En mi modesta opinión el gobernador de la provincia de Entre Ríos se sumó al reclamo más por una cuestión política que por un legítimo reclamo ambientalista. A comienzos de 2005, al igual que en todo el país, se vivían momentos electorales en Entre Ríos. No solamente estaban en juego las bancas de diputados y senadores a nivel nacional, sino que a nivel local el condimento adicional era la consulta por la reforma de la Constitución de la provincia de Entre Ríos. El triunfo del sí, impulsado por el gobernador Jorge Busti, traería aparejada automáticamente, entre otras cosas, la posibilidad de su futura reelección. Así, la cuestión ambiental se transformó de la noche a la mañana en una cuestión política: la nueva Constitución Provincial abriría las puertas a la aprobación de todo un paquete de nuevas leyes de protección del medio ambiente. La consigna oficialista pasó a ser "NO a las papeleras, SÍ a la reforma", y gigantescas pintadas en las paredes de todas las ciudades entrerrianas confirman todavía este argumento.

El triunfo de los candidatos oficialistas y del sí a la reforma determinaron que la cuestión de las papeleras se transformara en el tema prioritario. Imposible dar marcha atrás cuando la mayoría del pueblo entrerriano levantaba las banderas ecologistas encolumnado detrás de la lucha a cuyo frente se hallaban las máximas autoridades provinciales.

La gravedad de las acusaciones y el tono de las discusiones hicieron que el tema se saliera de sus carriles normales. Las autoridades de Entre Ríos se vieron desbordadas y alguno de los asesores de turno sugirió llevar la demanda a la Corte Internacional de La Haya. Para entonces el problema ya había trascendido los límites provinciales y llegaba a las más altas esferas del poder, incluido el Sr. Presidente de la Nación, quien intentaba por todos los medios desdramatizar el tema y poner paños fríos al asunto diciendo que el tema de las papeleras "...no era una cuestión política. Era solo un problema ambiental".... Pero, ¿Cómo soltarle la mano al mandatario entrerriano, un ex menemista que ahora había jugado a su favor apoyando a los candidatos pertenecientes al Frente para la Victoria?

Los pasos a seguir para poder hacer una presentación de tamaña magnitud como la que sugerían los hombres del gabinete entrerriano ante un tribunal internacional no serían para nada sencillos, aunque tampoco imposibles. El gobernador Busti tuvo que suspender sus vacaciones en Cariló para viajar a su provincia, donde la Legislatura Provincial debió sesionar y aprobar en forma urgente un decreto solicitando a las autoridades nacionales la presentación del problema ante la Corte de La Haya. El trámite de aprobación fue muy rápido y contó con el voto favorable de muchos miembros de la oposición, quienes ante las más variadas versiones salieron al cruce argumentando que su apoyo estaba absolutamente ligado al legítimo reclamo del pueblo entrerriano, pero que no significaba apoyo alguno a la gestión de gobierno que se estaba llevando a cabo en la provincia.

Ahora la cuestión se ha trasladado a las bancas de los señores legisladores nacionales. El gobernador de Entre Ríos ha encontrado la mágica solución de hacer un pase de manos y salir airoso del problema por él planteado, sea cual fuese el futuro que tomen las negociaciones, prospere o no el pedido de presentación ante un tribunal internacional. Hasta se ha dado el lujo de solicitarles a los vecinos de la ciudad de Gualeguaychú que traten de bajar los decibeles de sus protestas.

En tanto, el tiempo transcurre. Y tiempo es lo que las empresas papeleras necesitan para seguir avanzando con sus obras. Porque entre dimes y diretes la construcción de las plantas continúa a pasos agigantados.

Ecología, medioambiente, economía y política. Intereses que se ponen en juego y distintas matrices discursivas. Problemas glocales, condiciones de reproducción de la vida humana. Ecogeosistemas al fin. El problema de las papeleras y su propio ecogeosistema. Un ejemplo de relación capitalista, relación capital-trabajo-producción.

¿Inversiones legítimas? ¿Protestas fundamentadas? ¿Aprovechamiento político del asunto? ¿Inescrupulosos de turno?... Todo, absolutamente todo es válido cuando hablamos de analizar un problema geohistórico real contemporáneo como el que nos ocupa. El conflicto está planteado y los cambios que el mismo generará son, de hecho, ineludibles. Y como en todo sistema complejo es imposible no asistir a una combinación de relaciones entre naturaleza y cultura. Las contradicciones lógicas y las oposiciones planteadas en el tratamiento del tema de la construcción de las plantas de pasta de celulosa nos ponen en evidencia la existencia de un sistema conflictivo, un sistema dialéctico. Un claro y típico ejemplo donde se pone de manifiesto la dialéctica del desarrollo desigual, combinado, contradictorio y complejo.
Carlos Daniel Abasto
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