La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), entidad encargada del programa de limpieza y reconversión del río, detectó hasta el momento 51 empresas como “agentes contaminantes”, de las 466 que se inspeccionaron entre abril y octubre de este año. No obstante, del total de las industrias relevadas, “todavía se está procesando la información”, es decir que pueden ser más las que se encuentren infringiendo las normas ambientales, dice el informe, revelado ayer por la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Este procedimiento se realiza en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que en 2008 ordenó dos medidas fundamentales para el saneamiento de la cuenca: por un lado, dejar de contaminar y, por el otro, remediar el daño ocasionado hasta el momento. “Es de vital importancia determinar cuántas y quiénes son las empresas que contaminan” para poder cumplir con el Plan de Saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo, afirmaron desde la Defensoría del Pueblo que, junto con cinco ONG, integra el cuerpo colegiado encargado de controlar a el trabajo de Acumar.

Según la Defensoría, la información recabada por Acumar “es fundamental”, pero si el total de inspecciones fueron 466 en un año, quiere decir que en promedio se ejecutaron cinco por día y eso “es insuficiente”. Por lo que “se deben realizar veinte inspecciones diarias” para que en un año la gran mayoría de las empresas estén con el control realizado.

Entre las 51 industrias declaradas “agentes contaminantes” se encuentran curtiembres, elaboradoras de grasas, papeleras, fábrica de levaduras y bebidas, triperías, mataderos, frigoríficos, elaboradoras de subproductos ganaderos y harinas de huesos, entre otros rubros. Además, tal como lo detalla el estudio, los municipios en donde están radicadas estas empresas son Lanús, La Matanza, General Las Heras, Marcos Paz, Esteban Echeverría, Avellaneda, Cañuelas, Lomas de Zamora, Almirante Brown y la ciudad de Buenos Aires. Estas industrias y todas aquellas en los que “sus procesos de producción industrial contaminen por arriba de la norma –definida por la Secretaría de Ambiente de la Nación– deberán poner en marcha el Programa de Reconversión Industrial (PRI)”, que debe ser aprobado por Acumar. Así, el PRI consiste en reconvertir los procesos de producción, adaptándolos a las nuevas tecnologías industriales o, a través de la instalación de plantas de tratamiento y la recapacitación de sus empleados, explicaron desde la Defensoría.

La sentencia de la Corte reconoció que la degradación ambiental del territorio de la cuenca es consecuencia, entre otros factores, de un desarrollo industrial que no tomó en cuenta los impactos de esta actividad. De esta forma, determinó que la Acumar llevará a cabo el programa de control de la contaminación industrial y dispuso que sea el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, el que esté a cargo de la ejecución del fallo.

Para acelerar los procedimientos de inspección, tanto Armella como el cuerpo colegiado insistieron en la necesidad de crear un cuerpo de inspectores específico para esta tarea. Algo que aún no se ha logrado.